En atención a las persecuciones a sindicalistas y la escalada de despidos de sus lugares de trabajo por parte de patronos en representación del Estado, tales son los casos de Orlando Chirinos botado de la empresa Cemex donde ocupa la secretaría general del sindicato del cemento en Lara, y Osmary Escalona, secretaria general del sindicato del Seguro Social, también despedida, Marcela Máspero, coordinadora nacional de Unete, sostuvo un encuentro con ellos la tarde de este jueves en Barquisimeto y les ofreció total apoyo.
Máspero dijo que “se trata de una ofensiva política desde el alto Gobierno contra los dirigentes sindicales clasistas, por atreverse a defender el desmejoramiento de los derechos de los trabajadores, por denunciar hechos de corrupción y mala gestión en las instituciones, justo en el marco de un ambiente político de gran sacudida del Gobierno nacional”.
Precisó que vista la situación se reunió el miércoles con la unidad de acción sindical y gremial, de cara a una gran movilización regional y nacional en defensa de los compañeros atacados.
Dijo que Chirinos fue extrañamente despedido el 23 de junio, justo cuando regresaba de la Organización Internacional del Trabajo donde ratificó la queja 3016 abordada por el comité de libertad sindical, que le ordenó al Gobierno nacional discutir las 35 contrataciones colectivas pendientes.
“Como Chirinos y Escalona somos todos los trabajadores, estamos pidiendo su inmediato reenganche y que se acabe el hostigamiento del sector laboral”, determinó, y agregó que existen ocho solicitudes más de calificaciones de despidos, las cuales son injustas.
Por su parte, Escalona rechazó que se les persiga por combatir las políticas dentro de las instituciones públicas como Ipasme, Seguro Social, Cemex, Hospital Antonio María Pineda y empresas expropiadas por el gobierno.
“Aquí está constatado el pacto que se generó entre Fedecámaras y el Gobierno para despedir a trabajadores del sector público (Chirinos y Escalona) y del sector privado, como los 119 empleados de la Chrysler con un cierre técnico de esta empresa admitido por la Inspectoría del Trabajo”, señaló.
La política de este Gobierno es atacar a la clase obrera, apuntó, y reflejó el caso de los 15 trabajadores de Alentuy hoy detenidos por reclamar derechos y revelar anormalidades en la compañía.
Recordó que como premio por el presunto acto de corrupción que, al parecer, involucra a Carlos Ramón Peñuela Galvis, el PSUV lo designó jefe de Recursos Humanos del IVSS.
Asimismo, solicita que la gestión de Linda Amaro sea auditada por acoso laboral, violación de contratación, violación de la normativa laboral, porque en el Seguro Social “manda la bota militar”. “Pedimos su destitución y de todos los corruptos que están dentro del Seguro Social”, acotó.
