La Corte Suprema de Justicia declaró el jueves culpable al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias por las irregularidades en las que incurrió en un programa de subsidios agrícolas.
La decisión, contra la cual no existe ningún recurso de ley, fue dada a conocer en una audiencia pública en la sede del alto tribunal en el centro de Bogotá.
El monto de la condena será revelado en dos semanas cuando se haga público el contenido total de la sentencia, explicó en la audiencia la magistrada encargada del caso, María del Rosario González. Se estima, sin embargo, que será de entre 10 y 15 años de prisión por la gravedad de los delitos que en su momento le imputó la Fiscalía General: contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
Cuando se conozca la sentencia condenatoria se ordenará la captura del exministro.
Arias, de 41 años y quien fue ministro del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), no estuvo presente en la diligencia judicial.
Según el abogado de Arias, Jorge Aníbal Gómez, «la decisión de hoy (jueves) la recibimos con gran sorpresa porque no la esperábamos; nosotros estábamos preparados para lo que habíamos logrado demostrar en el juicio: una absolución».
En declaraciones a la radio local RCN, Gómez dijo que su cliente está de vacaciones y que no se presentó a la audiencia porque recién la víspera les notificaron la diligencia judicial. «Cuando (Arias) llegue de unas vacaciones evaluará todo esto que se ha presentado», añadió.
Uribe no se pronunció de inmediato sobre la determinación contra su otrora colaborador.
El exministro fue procesado por el programa «Agro Ingreso Seguro» implantado en 2007 que entregaba subsidios para estimular la producción y competitividad en el agro pero que, según la Fiscalía, carecía de fiscalización y terminó entregando dinero a por lo menos nueve grandes familias o empresas que defraudaron al Estado con trampas como dividir sus fincas en varios lotes para obtener varias veces la asistencia estatal.
El exfuncionario siempre pregonó su inocencia. Fue detenido en julio de 2011 y dejado en libertad provisional hace un año.
De acuerdo con la Fiscalía, los perjuicios al Estado por las irregularidades cometidas por Arias ascienden a unos 43.000 millones de pesos (unos 23,1 millones de dólares). La cifra estuvo por debajo de los cálculos iniciales de la propia Fiscalía, que hablaban de unos 169 millones de dólares.
En 2010, Arias fue precandidato a la presidencia por el Partido Conservador.
El senador Jorge Enrique Robledo, quien en el Congreso hizo varios debates sobre el caso, dijo por teléfono a The Associated Press que «si a esa sanción se ha llegado, uno tiene que suponer que la justicia tuvo elementos suficientes para llegar a esa decisión».
Pero para José Obdulio Gaviria, senador electo por el Centro Democrático de Uribe, «la Corte Suprema de Justicia durante ya casi décadas actúa como partido político».
Según dijo Gaviria a la AP, durante el mandato de Uribe el alto tribunal «actuó como partido de oposición». El parlamentario electo insistió en la inocencia de Arias.
La decisión del jueves contra Arias es la más dura que haya recibido un miembro del círculo más cercano de Uribe.
Bernardo Moreno, que fue su secretario general, enfrenta un juicio en la Corte Suprema por su presunta participación en una red de espionaje contra magistrados, periodistas, activistas y opositores del anterior gobierno.
Por el mismo caso María del Pilar Hurtado, exjefa del Departamento Administrativo de Seguridad -la policía secreta-, está prófuga de la justicia colombiana y actualmente se encuentra en Panamá, cuya Corte Suprema declaró recientemente que el asilo que se le concedió en 2010 había sido inconstitucional.
El gobierno colombiano ha insistido en que Hurtado debe ser deportada a Bogotá para que responda en un juicio por el caso de espionaje.
En tanto, el exalto comisionado de paz de Uribe, Luis Carlos Restrepo, también está procesado por su aparente participación en la falsa desmovilización de un frente guerrillero.
Finalmente, otros dos exministros de Uribe se exponen a una condena por presuntas irregularidades en 2004 en el trámite en el Congreso de la reelección del exmandatario.
Uribe siempre ha defendido la idoneidad de todos sus exfuncionarios.
