Tras la tensión que han sufrido los habitantes de la urbanización La Pastoreña en los últimos días, luego de un episodio de violencia propiciado por un grupo de invasores en la zona, el director de Catastro de la Alcaldía de Iribarren, Víctor Perozo, ofreció este jueves una rueda de prensa con el fin de buscar alternativas que solventen dicha problemática.
Al conversar con Perozo sobre la preocupación de los residentes de la zona y la realidad de quienes se han visto en la forzosa necesidad de buscar una solución habitacional alterna, declaró “queremos ratificar que en la gestión del alcalde Alfredo Ramos, desde la dirección de Catastro no avalamos ningún tipo de invasión, venga del sector de donde venga. Nosotros respetamos el derecho a la propiedad privada, a los terrenos que son ejidales y a cualquier tipo de propiedad”.
Asimismo, señaló “en este caso se violentó la propiedad privada, fue un delito, ya que en la dirección de Catastro reposan siete cédulas catastrales. La cédula catastral es el documento ya definitivo que se emite, en cualquier oficina de Catastro, en el que se indica que la persona es poseedora del espacio de la tierra. En este caso, son siete a nombre de Inversiones Martinitis, aprobadas el año pasado en la gestión de Amalia Sáez”.
Perozo explicó que de acuerdo a las investigaciones que han realizado, los terrenos en disputa son de tradición privada desde 1914, año en el cual se levantó la declaración de ejido de Santa Rosa.
Perozo aclaró que la confusión se origina debido a que se encuentran dentro de la poligonal de ejido de Santa Rosa, pero de acuerdo a la ordenanza de 1998, artículo 2, numeral H, donde se establecen los linderos de los ejidos de Santa Rosa, se indica el respeto a la tradición privada de los terrenos.
En paralelo, se ahondará en el caso a través de otro estudio por parte de la consultoría jurídica.
Las familias afectadas por la falta de vivienda son aproximadamente 150, con menores de edad.
Por su parte, el abogado Frank Torrealba, coordinador legal de Catastro, instó a los órganos jurisdiccionales a dar celeridad en la búsqueda de una solución habitacional, ante la situación lamentable que viven estas familias.
