La exalcaldesa Amalia Sáez y el exdirector de Recursos Humanos de la alcaldía de Iribarren, así como el exSíndico Procurador Municipal sí habrían incurrido en irregularidades para el cobro de sus prestaciones sociales y por lo tanto deberían reintegrar al municipio más de un millardo de bolívares, de acuerdo al informe emitido por la Contraloría Municipal el pasado 22 de mayo.
Parte del informe fue entregado a EL IMPULSO por el concejal Joel Mendoza, de la bancada de la MUD en el ayuntamiento local, quien precisó de acuerdo al mismo que en ambos casos hubo un desfalco al municipio.
“Y lo más grave de todo es que, además, las firmas de esos cheques y de esos pagos, se hicieron después que ellos habían renunciado a sus cargos, o sea que no estaban en funciones, de allí que el caso está ya en los tribunales y esperamos un pronunciamiento sobre el particular”, expresó.
Hizo un llamado a los dos exfuncionarios para que “devuelvan esos recursos obtenidos irregularmente ya que son de los barquisimetanos, producto de los impuestos que paga la ciudadanía”.
De acuerdo al informe de la Contraloría Municipal, a la alcaldesa se le cancelaron 780 días de más por concepto de prestaciones sociales, lo que representaron 683.186,40 bolívares, mientras que Carlos Pereira habría cobrado 467.722, 80 de más por concepto de prestaciones sociales, para un total entre ambos de 1.150.908 bolívares.
El exsíndico, de acuerdo al informe de la Contraloría Municipal revelado por Mendoza, cobró 45 días adicionales por su liquidación.
En su caso se le computó el tiempo que prestó sus servicios como asesor bajo el formato de honorarios profesionales.
Además, indicó Mendoza, la Contraloría aclara que para la fecha en que fueron emitidos los pagos, los funcionarios firmantes en nombre de las direcciones de Recursos Humanos, Carlos Pereira; de Administración, Yasmeli Suárez, y de Tesorería, Enelsy Gutiérrez, habían sido relevados de sus cargos según consta en las resoluciones 702- 13 y 701-12 y por lo tanto no tenían competencia legal para hacerlo, de allí que esas cancelaciones carecen de legalidad.
Reiteró el edil la confianza en que en el tribunal donde se encuentra la denuncia se actúe diligentemente “para que ese dinero, necesario para obras en beneficio de la colectividad, regrese al municipio pues fue obtenido irregularmente”
