Un tribunal capitalino prohibió la salida del país de la exdiputada opositora María Corina Machado, investigada por los violentos incidentes ocurridos en febrero en Caracas y por un supuesto complot.
La decisión del tribunal forma parte de las investigaciones de los violentos sucesos ocurridos el 12 de febrero, indicó la noche del jueves el diputado oficialista Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, durante su programa «Con el Mazo Dando» que transmite la televisora estatal.
» Ahí viene la justicia, tenga el apellido que tenga, se llame como se llame, sí ha conspirado contra este país…sí ha llamado a la desestabilización, al asesinato del presidente Nicolás Maduro», dijo Cabello tras leer el texto de la orden que dictó la jueza Adriana López.
Uno de los abogados de la exdiputada, Jesús Loreto, consideró «irregular» que el presidente de la Asamblea Nacional tenga acceso al expediente y a la medida y los implicados no. «El presidente de la Asamblea Nacional no tiene facultades para leer las medidas», acotó.
Loreto dijo a The Associated Press en entrevista telefónica que hasta el momento Machado no ha recibido ninguna notificación oficial de la decisión y agregó que luego que los abogados de la opositora puedan ver el expediente determinarán si ejercen acciones.
Machado acudió a inicios de esta semana a la Fiscalía General para declarar en calidad de testigo por la investigación que inició esa dependencia por un supuesto plan de asesinato de Maduro.
El Ministerio Público ha citado a una veintena de opositores a declarar como parte de la investigación que inició en marzo por un supuesto plan de golpe de Estado y magnicidio que denunciaron oficialistas.
El alcalde oficialista de Caracas, Jorge Rodríguez, denunció a fines del mes pasado la existencia de un plan dirigido a ejecutar un «golpe de Estado» y el asesinato de Maduro y otros dirigentes y acusó a Machado de estar implicada.
Como pruebas Rodríguez mostró algunos supuestos mensajes de correo electrónico que Machado compartió con opositores. Algunos de los implicados han considerado «falsos» los correos electrónicos.
En uno de los presuntos correos de marzo Machado mencionaba a Kevin Whitaker, embajador de Estados Unidos en Colombia, y aseguraba que el estadounidense «me reconfirmó el apoyo e indicó los nuevos pasos. Contamos con una chequera más fuerte que la del régimen para romper el anillo de seguridad internacional que ellos mismos han creado».
Maduro ha denunciado durante su primer año de gobierno unos cinco planes de magnicidio y más de una decena de actos de sabotaje y complot.
La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional aprobó en marzo una moción de urgencia de retiro de la investidura parlamentaria de Machado alegando que había vulnerado las leyes al actuar como embajadora accidental de Panamá en una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. La decisión fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia.
Por los sucesos del 12 de febrero también está procesado el dirigente opositor Leopoldo López, detenido desde hace cuatro meses en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de la capital.
La jueza López admitió a inicio de mes una acusación de la Fiscalía contra el opositor por los delitos de incendio, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir y ordenó mantenerlo detenido mientras se le sigue juicio.
Los abogados del dirigente introdujeron esta semana una apelación a la decisión de la jueza. López y Machado convocaron el 12 de febrero a una marcha en la capital contra el gobierno de Maduro. Luego de la manifestación se produjeron violentos hechos en el centro de la capital que dejaron tres fallecidos, 66 heridos y 69 detenidos. El dirigente opositor es acusado de promover los violentos incidentes.
