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Los primeros 15 días de junio, de este junio de 2014, ejemplifican con bastante claridad el clima regresivo que se ha vivido en Venezuela en materia de libertad de expresión. En los últimos 15 años la constante ha sido un progresivo desaparición de espacios, junto a una persistente violencia y el uso de mecanismos indirectos para el control de los contenidos, bien sea con la promulgación de leyes o decretos, así como con la asignación de la publicidad del Estado como mecanismo para premiar o castigar líneas editoriales. Algunos ejemplos de este clima negativo que marca la libertad de expresión e información, con repercusiones directas en quienes ejercen el periodismo.
La jefa de información del diario El Oriental de Maturín, Anne Córdoba, fue intimidada el pasado martes 10 de junio cuando se encontraba cubriendo una manifestación estudiantil en el centro de Maturín, estado Monagas. Córdoba fue empujada en dos oportunidades, pese a que estaba identificada con el uniforme del diario para el cual labora y señalada de que “todos los periodistas son unos mentirosos”.
La dinámica de las agresiones es persistente, como la lógica controladora desde quienes ejercen el poder. El vicepresidente de la comisión de Medios de la Asamblea Nacional, Julio Chávez, propuso el pasado 8 de junio realizar un debate en el país sobre el uso de las redes sociales. El parlamentario asegura que se apoya en el artículo 60 de la Constitución, donde se establece que «toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos”. A juicio de Chávez (PSUV, Lara), “es importante que hagamos en el país un debate sobre la necesidad de que podamos establecer un marco referencial para que el uso de las redes sociales sea en función de la paz y no precisamente de la violencia”.
En estos días de junio, en la sede de los tribunales del estado Lara, en una cartelera del tercer piso del Edificio Nacional, se colocó un aviso oficial en el cual el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, instruye a los abogados litigantes a dejar de publicar edictos, carteles de remate y citación, en el diario EL IMPULSO. Se trata de un abierto caso de discriminación en materia de asignación de publicidad oficial.
Al economista y profesor universitario José Guerra le fue censurada su columna semanal de opinión que publicaba en el diario Últimas Noticias los lunes. Los textos de Guerra abordaban de forma crítica diversas aristas de la realidad económica del país. El pasado 5 de junio le notificaron vía telefónica que, por órdenes de Héctor Dávila presidente del grupo Últimas Noticias (anteriormente Cadena Capriles), no le serían publicados sus artículos. La salida de Guerra se da tras una relación de aproximadamente 10 años.
El aparato de censura oficial que finalmente se impuso para lograr sacar del aire a Luis Chataing, el pasado 10 de junio (sin explicaciones de Televén a la audiencia), sin embargo, ha dejado una arista novedosa que no puede obviarse. Por primera vez se produce una declaración pública de una figura periodística del chavismo para cuestionar la medida. Vanessa Davies, directora del periódico oficial Correo del Orinoco, se solidarizó públicamente con Chataing. Es un hito en estos 15 años y ocurrió en los primeros 15 días de junio.
