El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello publicó este viernes un informe en el que analiza la decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre el artículo 68 de la Constitución y su impacto sobre el derecho a la protesta.
El informe constata cómo, a partir del 24 de abril de 2014, no solo se ha obstaculizado el desarrollo de marchas, aún aquellas que habían sido debidamente notificadas, sino que crece el número de detenciones masivas, registrándose casos en Caracas de más de trescientas cincuenta detenciones en tan solo dos episodios y otros estados del país como Lara y Carabobo.
Igualmente explican que ha aumentado el número de personas pasadas a tribunales y éstos incrementaron el uso de la fianza como mecanismo para retardar la libertad de los detenidos; «la cuantía de las fianzas también aumentó, dificultando más la posibilidad de conseguir fiadores en un tiempo breve».
«También en este corto período se produce en Caracas un incremento en el orden del 150% de la privación de libertad de detenidos, en relación con todas las privativas que habían sido dictadas durante los tres meses previos», indica el Centro de Derechos Humanos de la Ucab.
En cuanto a los ataques a universidades, la mencionada institución verificó un incremento significativo de estos en mayo, de tal manera que solo en ese mes la cantidad de ataques superó el acumulado de este tipo de eventos a lo largo de los tres meses previos.
Reseñan además las maniobras de la Defensa Pública para impedir la juramentación o sacar a defensores de derechos humanos de los casos que representan, bajo la falsa promesa a los procesados de que sus casos serán mejor atendidos si son asumidos por defensores de oficio.
Por último, el informe recuerda que, aunque se observa un incremento de la protesta del orden del 550% en el primer trimestre de 2014, con respecto a los primeros tres meses de 2013, persiste una amplia cantidad de protesta por razones sociales, la mayoría espontáneas, sociales y pacíficas.
