Cecilia Sosa, doctora especialista en Derecho, indicó que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia cambia su criterio e interpretación de la Constitución en base a sus intereses, “está doblegada a las instrucciones y a las decisiones que convengan al Gobierno nacional”.
Las declaraciones de la jurista fueron ofrecidas un día después de que el máximo órgano intérprete de las leyes en el país, declarara inadmisible el recurso introducido en marzo del año pasado por la abogada, en compañía de José Vicente Haro, de la misma profesión, ante el TSJ en contra de los magistrados del Consejo Nacional Electoral que tienen sus periodos vencidos.
Según Sosa, este mismo órgano decidió en diciembre del 2012 que los periodos de los funcionarios de los poderes públicos son de cumplimiento estrictos a lo establecido en la Constitución, en relación al tiempo finito establecido. Con esta interpretación en base a la jurisprudencia, un número de magistrado del TSJ que tenían sus lapsos vencidos, decidieron cesar en sus funciones. Tomando como base esta decisión, Sosa y Haro, introdujeron el recurso en cuestión, esperando que prevaleciera la misma interpretación para dicho caso, “sin embargo, después de más de un año, la Sala dice que es inadmisible”. Sosa comentó que la justificación por parte de los magistrados del TSJ contempla que tiene que haber “continuidad administrativa”.
En este sentido, la especialista en el tema constitucional, explicó que es “absurda dicha situación y demuestra el poco conocimiento que tienen los magistrados sobre el tema. No tienen calificaciones para lo que están haciendo y demuestra un desconocimiento profundo”.
A su juicio, la decisión que tuvo que emanar de la Sala Constitucional era la de dar un lapso de un mes para que la Asamblea Nacional designara a los nuevos magistrados del CNE, “o decir que esto era un incumplimiento de la AN, que los rectores habían vencido sus lapsos, y que se tendría que hacer la designación de forma inmediata. De esta manera salvaguardaban la institucionalidad”. Para Sosa, con su decisión, la Sala Constitucional violentó lo previsto en la Carta Magna y destacó los diferentes cargos públicos que se mantienen en condiciones similares a la de los rectores del CNE, “no hay representante de la Contraloría General de la República, y la fiscal del Ministerio Público se le vence el lapso próximamente”.
Sosa expresó que la institucionalidad del país está en crisis, “existen diputados que son expulsados por la decisión del presidente de la Asamblea Nacional, alcaldes que son encarcelados por no recoger la basura…, el Gobierno nacional no necesita la institucionalidad”.
Recordó que, tanto la institucionalidad como la alternabilidad de los funcionarios en los cargos públicos, son la esencia de un Estado democrático, “esta enmienda que se le hizo a la Constitución y que permite a los funcionarios reelegirse, atenta contra la alternabilidad que establece la misma ley”. Sosa está convencida que dicha disposición hace pensar que los funcionarios son indispensables y resta a la idea de que “los poderes públicos son para satisfacer las necesidades de la gente”.
