A juicio de la investigadora Luisa Torrealba, la citación que la Fiscalía hizo al presidente-editor del diario El Nacional, Miguel H. Otero y a su hija, Alejandra Otero Raima, pudiese ser interpretada de dos maneras. No obstante, ambas se resumen en un cercenamiento de la libertad de expresión.
La especialista comenta que cualquier acción penal que derive en cárcel o en un mecanismo de intimidación resulta contrario a la libertad de expresión, por lo cual asegura que se siguen agudizando los mecanismos de presión contra los medios de comunicación, en el especial los críticos, que no sólo deben superar restricciones económicas, como la negativa en el otorgamiento de divisas para la compra de papel periódico, sino también medidas normativas que dejan a discrecionalidad del Ejecutivo nacional el contenido que debe o no ser divulgado.
Torrealba comentó que toda acción penal es ilegal cuando se lleva a juicio a una persona por ejercer un derecho, y en ese caso es el ejercicio profesional del periodismo, lo que entonces podría interpretarse como un mensaje para los demás medios y periodistas de lo que podría ocurrir en caso de tomar una postura igual o similar a la de Otero.
“Esto genera autocensura en los mismos medios, además de inhibición en el ejercicio pleno de la expresión, lo cual es una muestra de que cada vez son más los cercos que hacen prisionera la libertad de expresión, de las decisiones que tomen factores gubernamentales”.
Calificó la citación a Otero como un acción de “intimidación, pronta y expedita”, que se contrapone al retraso de los órganos públicos en dar respuesta, castigar a los culpables y enmendar a periodistas que han sido víctimas de violencia y agresión durante la cobertura de las recientes manifestaciones.
Para Torrealba es contradictorio que el Estado venezolano responda rápidamente con una citación cuando los afectados son miembros del Gobierno, pero no investigue las denuncias hechas por los periodistas agredidos y más de 24 mil muertes violentas registradas en pasado año en Venezuela.
Asfixia económica indirecta
A los diferentes mecanismos de represión que denuncia, agregó la no equilibrada distribución de la publicidad oficialista, que como medida de presión ha sido retirada de medios críticos al Gobierno, lo cual los afecta económicamente. A esta asfixia económica suma las intervenciones a empresas privadas que por tradición han sido anunciantes en esos medios y que al cerrar o pasar en manos del gobierno, dejan de hacer pautas publicitarias. Situación que se ha traducido en reducción de páginas y cierre de medios.
No acudirá ante fiscalía
Miguel Henrique Otero, no acudirá a declarar a la Fiscalía hoy lunes y enviará una misiva con sus abogados debido a que se encuentra en Colombia.
«Ahora estoy en Colombia y no voy a regresar a declarar, el citatorio llegó el sábado, cuando ya había iniciado mi viaje. Enviaré una carta a la Fiscalía», dijo Otero desde Bogotá.
Otero explicó que su regreso desde Bogotá a Caracas está previsto inicialmente para el martes, pero está condicionado a la disponibilidad de pasajes aéreos al ser una de las rutas más transitadas.
Su estancia en Bogotá, precisó, obedece a que fue invitado a un debate de la campaña presidencial colombiana y para negociar abasto de papel para el rotativo.
El Nacional en los últimos meses ha acusado al gobierno de Nicolás Maduro de no otorgarle las divisas que requiere para adquirir papel en el extranjero, en un país con control cambiario.
