La exdirectora del Servicio Integral de Atención al Niño, Niña y Adolescente (Saina-Lara), Mariely Sánchez de Tamayo, se pronunció con respecto a su destitución por parte del Consejo Legislativo de la entidad, aprobada con los votos de los nueve diputados oficialistas más el opositor Nolberto Herrera.
La remoción se produjo durante la sesión ordinaria del parlamento regional del pasado martes, luego de una moción de urgencia solicitada por el diputado Raimundo Vale y aprobada por la mayoría chavista del parlamento, donde el legislador expuso mediante diapositivas diversas irregularidades que presuntamente se suscitaban en el Centro Socioeducativo Pablo Herrera Campins, recinto de confinamiento de adolescentes ubicado en El Manzano, al sur de Barquisimeto.
Sánchez, quien ahora ocupará la Prefectura de Iribarren por disposición del gobernador Henri Falcón, alegó que el centro socioeducativo “forma parte de todo un sistema de responsabilidad penal donde yo soy apenas el último eslabón. Sin embargo, trabajamos únicamente de la mano de la Gobernación de Lara. Salvo los dos jueces de Ejecución, el sistema no ha realizado ningún aporte a la institución”.
“Es una decisión política, que responde al interés de ver cosas negativas en el Gobierno de Henri Falcón”, manifestó.
Apuntó que el lugar alberga adolescentes con problemas de conductas delictivas, entre otras deficiencias sociales. “Son jóvenes que no cumplieron con las normas de su casa ni de la sociedad. Entonces nueve o diez diputados, sin el menor conocimiento de la realidad, pretenden cambiar el centro socioeducativo con solo levantar la mano”.
“El problema de fondo no se resuelve cambiando un director. Es un tema complejo de familia, sociedad y Estado, aquí tenemos responsabilidades todos”, subrayó.
“Si yo pertenezco a un sistema de seguridad penal donde soy el último eslabón, ¿por qué me sacan solamente a mí’. ¿Dónde está la responsabilidad de la defensora del Pueblo, de los jueces y demás entidades con competencia en Derechos Humanos, por qué no los destituyen también? Si se cometían hechos irregulares, ¿por qué no se denunciaron antes?”, se preguntó.
Sánchez indicó que “ni Luis Jonás Reyes, ni Nolberto Herrera, fueron jamás a la institución a conocer nuestras necesidades, ni mucho menos buscaron concertar conmigo. A Raimundo Vale lo vi una vez cuando los adultos se autoflagelaron para pedir traslado a otros centros penitenciarios, pero más nunca volvió”.
Precisó que en el recinto permanecen 358 jóvenes, de los cuales 138 son adultos. Asimismo, admitió que “existe una situación de hacinamiento que no podemos negar, por cuanto la capacidad del centro es para 120 adolescentes”. En tal sentido, destacó que los jueces de Ejecución emiten boletas para trasladar a los adultos, “las cuales yo siempre cumplí, pero los centros carcelarios no”.
EL IMPULSO intentó conocer la versión del diputado suplente Nolberto Herrera, quien se abstuvo de emitir opinión alguna al respecto e indicó que se pronunciará formalmente en los próximos días.
