Los jueces en Venezuela están seriamente comprometidos en la represión de las protestas antigubernamentales, mientras la tasa de criminalidad sigue siendo de las más altas del mundo, según un informe de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) publicado el jueves.
La independencia judicial en el país latinoamericano «está seriamente amenazada» y eso afecta las posibilidades de democracia real y el Estado de Derecho, informó la organización con sede en Ginebra.
En Venezuela se produjeron 15.000 homicidios el año pasado, y el 90% de los delitos queda impunes, pero el Ministerio Público y los jueces han concentrado sus esfuerzos en detener a miles de opositores en los últimos meses, denuncia el informe.
El CIJ, que agrupa a unos 60 jueces y abogados en todo el mundo, elaboró este informe, «Fortaleciendo el Estado de Derecho en Venezuela», después de una misión en el país.
Un ejemplo del desequilibrio actual en Venezuela fue la decisión anunciada este jueves de enjuiciar al opositor radical Leopoldo López, por su «presunta responsabilidad en los hechos de violencia registrados el 12 de febrero de este año», según informó el ministerio público en Caracas.
«Este es tan solo un ejemplo de cómo el aparato judicial está siendo utilizado contra políticos y disidentes» declaró en rueda de prensa Carlos Ayala, comisionado de la CIJ.
Según el informe, «el incumplimiento con la propia normativa interna ha configurado un Ministerio Público sin garantías de independencia e imparcialidad de los demás poderes públicos y de los actores políticos».
«Con el agravante de que los fiscales en casi su totalidad son de libre nombramiento y remoción, y por tanto vulnerables a presiones externas y sujetos órdenes superiores» añade acto seguido el texto.
En los últimos siete años solo se han realizado dos concursos públicos para el nombramiento de fiscales, y solo se han nombrado cuatro personas bajo esos criterios.
El efecto Afiuni
«Venezuela es en la actualidad una especie de laboratorio de las consecuencias de una falta de sistema judicial fiable» añadió Pedro Nikken, miembro honorario del CIJ.
Ya antes de las protestas que arrancaron en febrero en las calles venezolanas, más de 4.000 opositores tenían pendientes cuentas con la justicia, señaló la Comisión.
«La mayoría de los jueces son ‘provisionales’ y vulnerables a presiones políticas externas, ya que son de libre nombramiento y de remoción discrecional por una Comisión Judicial del propio TSJ, la cual, a su vez, tiene una marcada tendencia partidista» explicó el texto.
El informe se detiene en especial en el caso de la juez María Afiuni, encarcelada en 2009 tras acusaciones en su contra formuladas en público por el entonces presidente Hugo Chávez.
Afiuni fue violada en la cárcel y su caso «ocasionó el llamado ‘efecto Afiuni’ con consecuencias inhibitorias y de incluso autocensura, en el resto de la judicatura venezolana», explicó el texto.
«Un sistema de justicia que carece de independencia, como lo es el venezolano, es comprobadamente ineficiente para cumplir con sus funciones propias», advierten los magistrados miembros del CIJ.
El informe propone cerca de 30 recomendaciones, entre ellas que se creen concursos públicos de oposición para ingresar a la judicatura, que cesen por ello los nombramientos «provisionales» y que se permita la libre asociación de los jueces.
