Representante del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), la activista Inti Rodríguez, advierte del gran riesgo para las libertades democráticas en Venezuela, al considerar el uso desproporcionado de la fuerza y la criminalización del derecho a la protesta.
Considera que la situación de las garantías individuales ha retrocedido notoriamente ante los abusos cometidos por los cuerpos de seguridad del estado. Cuestionó «la respuesta que desde el Ejecutivo y las diversas instituciones del Estado se le ha dado a las protestas».
Rodríguez enfatizó que el Gobierno ha actuado con «poca cultura democrática. Ha sido una respuesta que ha limitado el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica». Destacó que «el balance de estos cuatro meses es una inmensa cantidad de detenidos, un gran número de heridos y una cifra elevada de muertos».
Para Provea, y otras organizaciones no gubernamentales, sostienen que existe un gran riesgo para las libertades democráticas en el país. Exhortan a la población que sienta que sus derechos han sido violados, a hacer la denuncia formal para «dar castigo a quienes incumplan la Constitución y los tratados internacionales».
Recientemente en el I Congreso de víctimas contra la represión, el director de Provea, Marino Alvarado, repudió la represión como política de Estado, y notificó que en un informe levantado por esta ONG comprueba que el 90% de las manifestaciones han sido pacíficas.
Hizo un llamado a humanizar la lucha y saludó el encauce del descontento de los familiares y madres de las víctimas de la represión junto con otros sectores de la sociedad civil.
