Durante el segundo período de Henri Falcón al frente de la Alcaldía de Iribarren, se comenzó a desarrollar en el pueblo de Santa Rosa un proyecto de mirador, en un predio colindante a la Plaza Bolívar del importante enclave turístico y religioso.
Los moradores del lugar, preocupados por la ya reducida movilidad vehicular en el sector conocido como “Pueblo Arriba” (donde se ubican el templo, una escuela, un ambulatorio y diversas oficinas públicas), solicitaron al entonces burgomaestre que incluyera en la propuesta la construcción de un estacionamiento. “Es la primera necesidad de los santarroseños y así se lo hicimos saber en ese momento a Falcón”, relata Andreína Durán, vocera de la Asociación Civil Altos de La Lagunita.
No obstante, transcurrió la administración de Amalia Sáez (sucesora de Falcón), y no se registró ningún avance en la parcela destinada al estacionamiento.
Cuando la actual gestión municipal, encabezada por Alfredo Ramos, anunció la recuperación de la obra junto a la Gobernación de Lara, se produjo una “ocupación simbólica” del terreno por parte del Ministerio de Estado para la Región de Desarrollo Estratégico Integral (REDI-Occidente).
El despacho ministerial, dirigido entonces por Isis Ochoa, anunció la consecución de un proyecto denominado “Teatro Mirador de Santa Rosa” en el predio destinado para el estacionamiento.
Así las cosas, habitantes de las diversas comunidades que conforman el poblado decidieron realizar una asamblea de ciudadanos, a objeto de expresar su voluntad con respecto al destino de la parcela. “El descontento con la propuesta de la REDI se hizo sentir, por cuanto la aspiración de la gente es que se construya el estacionamiento”, subrayó Durán.
Durán denunció que durante la ocupación simbólica del terreno por parte de la REDI, lo poco que se había podido acometer de la construcción “fue objeto de un descarado desmantelamiento”.
“Misteriosamente, cuando el lugar estuvo fuertemente custodiado por la Guardia Nacional Bolivariana, desaparecieron parte de las cabillas y el parrillaje. Desmantelaron, sin explicación alguna, una buena cantidad de material que resulta muy costoso, sobre todo tomando en cuenta la grave situación de escasez que existe en el país”, expresó.
Con respecto al destino de los insumos removidos de la obra, la vocera vecinal aseveró que “es un secreto a voces que buena parte de esos materiales se los repartieron entre dirigentes del PSUV. El resto, nadie sabe dÓnde fue a parar, porque no dieron ninguna explicación a la comunidad”.
Vale recordar que el pasado viernes, alrededor de 160 mil kilos de cabilla que se encontraban en la obra fueron “donadas” por Corpolara a algunas comunidades.
No obstante, según la concejala Milagro Gómez de Blavia, las mismas pertenecían a la municipalidad, por tanto, la donación ocurrió de manera ilegal.
