Doce días faltan para cumplirse los cuatro meses de manifestaciones emprendidas por estudiantes y sociedad civil, quienes han salido a la calle para protestar en contra del Gobierno presidido por el presidente Nicolás Maduro.
El cansancio de las personas debido al abuso de poder, a la escasez de medicinas, alimentos e insumos, así como la muerte de estudiantes, promovieron marchas, concentraciones, cierres de vías y levantamiento de barricadas, situación que llevó al Gobierno Nacional a ordenar a los cuerpos de seguridad acabar con las protestas y levantar las ”guarimbas”, decisión que enardeció más a los protestantes.
Desde el 12 de febrero, día en que comenzaron dichas protestas, el Ministerio Público ha dado un reporte de 3102 aprehensiones en las manifestaciones y actualmente 252 se encuentran privados de su libertad, 42 personas han fallecido, 835 han sido lesionados, según declaraciones de Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República.
A pesar de que los mayores focos de protesta se dieron en el mes de febrero y marzo, aún continúan registrando represiones brutales en contra de quienes se encuentran expresando sus molestias en las calles.
Innumerables han sido las denuncias a través de las redes sociales sobre los abusos de los cuerpos de seguridad a la hora de reprimir una manifestación, además de las violaciones de sus derechos a las personas que han sido detenidas.
El estado Lara no ha escapado a estos sucesos y en la entidad se han registrado 296 detenciones, de las cuales 1 persona permanece privada de su libertad y es un Polilara, 10 con arresto domiciliario, y más de 150 personas con medidas cautelares.
Manuel Virgüez, directivo y asesor jurídico de la organización no gubernamental Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz) indica que nacieron para defender los derechos humanos y luchar por la criminalización de la protesta pacífica en Venezuela, son 127 miembros y por ahora solo están en Lara, allí cuentan con cinco abogados quienes de forma gratuita se han dedicado a defender a todas aquellas personas que sido detenidas en manifestaciones.
Virgüez indica que el debido proceso ha sido violados por los cuerpos de seguridad y algunos jueces y fiscales.
“Lo que hemos observado es que generalmente involucran a personas que no son aprehendidos en flagrancia. Asimismo, el 30 a 35 % de los casos son personas que no están participando en la concentración, sino que van pasando o están cerca”, destacó el defensor de los derechos humanos.
Además, asegura que la forma como se han practicado las detenciones no son las ideales, pues en ocasiones exceden el uso de la fuerza y, según expresa en el artículo 44 de la Constitución de la República, la libertad personal es inviolable y explica las horas consagradas para ser presentando ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de 48 horas.
Sin embargo, en algunos casos han pasado más de 100 horas y el detenido no ha sido presentado a los tribunales; además indican que toda persona una vez que ha sido detenida, tiene derecho a comunicarse con su familia, abogado, o persona de confianza, quienes tienen derecho a ser informadas sobre el lugar que se encuentra y los motivos.
Representantes de Funpaz denuncian constantes “ruleteos” con los familiares, quienes llegan a las puertas del comando a solicitar información de su ser querido y dependiendo del “humor o la educación” del funcionario que esté de guardia les indican donde se encuentran.
Los aprehendidos son llevados a fuertes militares cuando el deber ser es que sean llevados a una comandancia. De igual forma, ven con preocupación cómo las actas presentan vicios como falta de firmas, errores de tipeo, incongruencia al ser redactadas, o figuran otros cuerpos de seguridad como los responsables del procedimiento y todos sufren pecados de omisión por parte del órgano judicial, indicó el directivo de Funpaz.
Explicando que estos simples errores pueden ser causal para que un procedimiento no proceda y la persona quede en libertad, pero no ha sido así.
Manuel Virgüez, indica que no está de acuerdo con la tranca de las vías, aprueba las protestas siempre y cuando sean pacíficas y hace un llamado a las personas para que sepan cuáles son sus derechos a la hora de ser detenidos, todos consagrados en la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), ley que rige a los cuerpos de seguridad en su proceder diario.
