De acuerdo a lo estipulado en el artículo 173 de la Ley del Trabajo y tras las 120 horas de la admisión del pliego conflictivo, se inició la junta de conciliación entre docentes regionales y representantes de la Gobernación de Lara en función de generar acuerdos que permitan solventar la situación salarial de los académicos. El encuentro se celebró en las instalaciones de la Inspectoría del Trabajo.
La citada junta está conformada por tres representantes principales de la Coalición Sindical y otros tres funcionarios de la gobernación.
En primer lugar, apegados al marco legal, la administración regional formuló sus alegatos y su oponencia al pliego conflictivo, pues consideran que no se han agotado las suficientes vías administrativas para llegar a una conciliación.
Esta posición la manifestaron en un escrito que posteriormente le fue entregado al inspector regional del trabajo, mayor Nelson Pereira, quien tiene 48 horas (hasta el próximo martes) para decidir sobre si proceden los argumentos señalados por el patrono.
De no proceder estas pruebas, el inspector solicitará una reunión el día miércoles, con el propósito de que la gobernación fije los servicios mínimos necesarios que exigen los docentes. De no llegarse a un acuerdo, el ministro del Trabajo directamente fijará los servicios mínimos e iniciará el derecho a la huelga de los educadores.
Gobernación busca concertación
José Valenzuela, jefe de recursos humanos de la Dirección de Educación, explicó que solicitarán la mediación de la Inspectoría a fin de que el Gobierno inyecte los recursos necesarios para que la gobernación pueda cancelar la homologación.
Hilda Peña, representante del magisterio regional larense, sostuvo que no descansarán hasta tanto tengan sus sueldos nivelados por encima de lo que estipula la cifra del salario mínimo. Asimismo, condenó la persecución e intimidación por parte del Ejecutivo regional.
