A juicio del politólogo Piero Trepiccione, la aprobación del Congreso estadounidense de un paquete de sanciones contra funcionarios de Venezuela, pudiese ser tomado como una estrategia política que contribuiría a la polarización del país e intensificaría el conflicto venezolano.
Asegura que si bien es una sanción sujeta a derecho internacional, que es aceptada como una decisión soberana, podría traer consecuencias políticas y económicas para los venezolanos.
En su opinión dicha sanción “añade un ingrediente extra a la polarización”, cuya consecuencia hasta el momento se desconoce. En tal sentido, considera que el congreso estadounidense debe estudiar con mayor detenimiento la aplicación de este paquete.
Recordó que una de las banderas políticas del actual gobierno ha sido el “antiimperialismo”, por lo cual tales sanciones podrían justificar el discurso oficialista y promover acciones desde Venezuela que perjudicarían la actividad petrolera, principal sustento económico.
Por su parte, el abogado constitucionalista Joel Rodríguez Ramos desmintió que la medida de los congresistas sea aplicada contra el país. Aclaró que la misma está dirigida, de manera personal, a determinados funcionarios del gobierno, aunque no negó la posibilidad de que las decisiones posteriores incidan en las relaciones entre ambos país y por tanto en la economía venezolana.
Recalcó que se trata de una decisión que responde a la soberanía de cada país y que fue tomada por la violación de los derechos humanos en que hubiesen incurrido las personas que forman parte de la referida lista.
El magnicidio pierde fuerza
Respecto a las denuncias formuladas por la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, de intento de magnicidio y golpe de Estado, en las cuales se hicieron señalamientos directos a personalidades públicas como Diego Arria y María Corina Machado, los especialistas coincidieron en calificarla como “devaluada”.
Explican que desde llegada de Hugo Chávez a la presidencia se han denunciado más planes de magnicidio y golpe de Estado que en ningún otro momento de la historia, por lo cual el término ha perdido fuerza en la sociedad.
Señalan que los mensajes de correo electrónico no son pruebas suficientes, sino soportes susceptibles de ser forzados, por lo cual deben presentar otros elementos contundentes para que la denuncia cuente con credibilidad.
