En la mañana de ayer, en el Concejo Municipal de Iribarren, fue interpelado Miguel Rojas, presidente del Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario, después de supuestas denuncias de comunidades por «mala gestión». En compañía del pleno de concejales, además de decenas de personas a favor y en contra, Rojas inició la explicación técnica sobre su acción y el diagnóstico de la antigua gestión. «Nos entregaron un instituto desmantelado”, dijo Rojas, «vamos a mejorar todo el servicio pero pedimos que nos dejen trabajar», sobre las acusaciones recibidas por parte de algunas autoridades legislativas de la municipalidad.
Además, el presidente de Imaubar se refirió a los anuncios sobre los créditos adicionales y el monto que ha recibido la empresa municipal. Explicó que, de los siete créditos adicionales, el primero aprobado en diciembre del año pasado, no le fue entregado a su gestión, sino a la de Frank Sánchez, presidente del instituto de limpieza durante el periodo de la exalcaldesa Amalia Sáez. «Llegué a una empresa que tenía los portones cerrados por un problema con el pago de la nómina», recordó, «yo mismo acompañé al antiguo presidente a una asamblea donde se les explicó que el pago sería honrado». El segundo crédito, aprobado en febrero de este año, más de 4 millones fueron usados para el pago de una deuda contraída en la gestión anterior con operadoras pertenecientes a la empresa Urbaser. Además, más de 600 mil bolívares se usó para el pago de los uniformes que serán entregados el próximo viernes. Alrededor de un millón de bolívares se destinó al pago de operativos especiales desarrollados después de la cancelación de los Carnavales. Y, casi 4 millones de bolívares de dicho crédito fueron destinados al pago de 36 volteos usados en esos operativos. Del total de créditos, dos están en ejecución. Se trata de uno aprobado en marzo para la homologación del 10% en el pago de los salarios de los trabajadores y otro, más reciente, de 60 millones para el ornato de la ciudad. Los tres últimos créditos adicionales, aprobados en los últimos días, uno el 20 de mayo y dos el 26 del mismo mes, están a la espera del desembolso, «fueron aprobados pero no los hemos recibido», explicó.
Denuncias de ilícitos
Rojas denunció ante los concejales, que el instituto que preside habría contraído una deuda con una empresa de transporte por 500 millones de bolívares por concepto de viajes a la capital del país. Según Rojas, al ponerse en contacto con el responsable de dicha empresa, le comentó que el servicio habría sido contratado para transportar a simpatizantes del partido de gobierno hasta Caracas para participar en marchas. Rojas señaló que las facturas habrían sido firmadas por Frank Sánchez, el antiguo presidente.
Decisión del Concejo
Los concejales municipales decidieron, en último momento, solicitar a la comisión de contraloría del Concejo Legislativo Municipal, un informe que deberá ser entregado en 72 horas, y que sería remitido a la Contraloría del municipio, aspirando a una intervención administrativa, que derivaría en una comisión que revisaría el interior de la empresa.
