Diálogo moribundo

La farsa de la convocatoria al diálogo por parte de Nicolás Maduro ha quedado al descubierto cuando varias pacíficas manifestaciones de los estudiantes de diversas universidades, en protesta por la inseguridad que viven en las aulas universitarias, donde han sido asaltados por grupos armados, identificados con el gobierno, han sido reprimidas con violencia criminal
La crisis política, económica y social que atraviesa el país requiere que el gobierno ponga en práctica un diálogo sincero, porque la represión policial y la intervención de los grupos paramilitares afectos al régimen, fotografiados por miles de los jóvenes que asisten a las marchas y por los organismos de inteligencia civiles y militares, no puede conducir a una solución a corto plazo, y si se prolonga las consecuencias son impredecibles, pero de ninguna manera convenientes para la estabilidad del régimen.
La aprobación de varios decretos leyes  por el Presidente de la República, por su contenido constituye una provocación a los sectores democráticos del país con la finalidad de crear un peligroso desconcierto que los pueda inclinar a una reacción violenta y a olvidarse de su política pacífica y democrática.
Todo gobernante de espíritu o tendencia autocrático y personalista puede iniciar su gestión con un aparente apego a la legalidad del país que le ha  otorgado democráticamente el derecho  a ejercer  funciones de gobierno, pero en la medida en que considera que puede perder esas facultades, comienza a restringir los derechos de la oposición y generalmente termina persiguiendo hasta a quienes le apoyaron para ascender al poder, si tratan de disentir de algunas de sus decisiones unilaterales.
En una época como la actual, en la que las naciones democráticas han creado organizaciones multinacionales y han hecho aprobar una legislación respetuosa de los derechos humanos y de las instituciones y poderes públicos independientes, el camino hacia la tiranía se  le dificultará a Maduro y lo obliga como a todos  los autócratas a preservar cierta apariencia de legalidad. Se aprueban leyes que facilitan la discriminación y posterior persecución de los sectores  que se oponen al mandato ejecutivo unipersonal sin controles de otros poderes.
La muerte de más 40 estudiantes y algunos manifestantes, más los centenares de detenidos, torturados y vejados en general, lo que ha logrado es elevar la ira de los estudiantes y de los sectores de la sociedad civil que se  les han sumado, al extremo que hoy parece incontenible la profundización de la inseguridad y de la crisis en general que afecta a casi toda la población, con la excepción de  los boligurgueses enriquecidos ilícitamente y protegidos por guardaespaldas y camionetas blindadas.
El repudio a los colectivos armados por el gobierno con armas de guerra,  violando el texto constitucional que establece que las armas de guerra sólo las pueden tener y portar los integrantes de la Fuerza Armada Nacional, ha colocado la vida de la nación en una seria encrucijada, porque estos grupos paramilitares son utilizados para reprimir y asesinar a estudiantes y ciudadanos pacíficos que manifiestan contra algunas políticas gubernamentales. La respuesta debería estar en manos o en poder de las autoridades nacionales, pero ante la actuación de esos grupos la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional también denominada Bolivariana, se hacen la vista gorda, es decir, no protegen a la población desarmada.
Crisis mayor por su gravedad y repercusión nacional e internacional no se ha conocido en la historia contemporánea del país. Si no es posible establecer un diálogo sincero, patriótico, de interés venezolano, el futuro es incierto. Pero cualquiera sea el rumbo que tome el diálogo,  la responsabilidad mayor y definitiva es de  Maduro, porque el Presidente tiene facultades constitucionales para garantizar la vida de los ciudadanos y ningún grupo militar, policial o paramilitar puede reprimir a las personas sin su conocimiento y autorización.