Un comité de las Naciones Unidas dijo que el Vaticano tiene un control efectivo en todo el mundo sobre obispos y sacerdotes que deben atenerse al tratado del organismo mundial contra la tortura, lo que podría exponer a la Iglesia católica a más demandas civiles de las víctimas de los abusos sexuales perpetrados por algunos miembros del clero.
El Comité de la ONU contra la Tortura ha dicho en repetidas ocasiones que el abuso sexual y las violaciones pueden ser considerados casos de tortura, que en la mayor parte del mundo no prescriben.
Aunque la comisión no llegó a indicar que la Santa Sede violó sus obligaciones conforme al tratado contra la tortura, que ratificó en el 2002, los miembros de la comisión insistieron que quedó implícito en sus críticas.
«Los eruditos legales dirían que cuando la comisión encara un problema y hace recomendaciones, ve que el estado no cumple las recomendaciones de la convención», dijo la vicepresidenta de la comisión, Felice Gaer, a los periodistas. «Es absolutamente claro lo que decimos».
Sin embargo, el Vaticano rechazó las conclusiones más importantes de los 10 miembros de la comisión por considerarlas «fundamentalmente erróneas» e insistió en que no ejerció un control directo sobre los sacerdotes de todo el mundo.
El panel 10 especialistas independientes dijo el viernes que la Santa Sede debe asegurarse de que su personal y otros no violan el tratado «en una situación donde ellos ejercen jurisdicción o control efectivo».
Agregó que los funcionarios del Vaticano no denunciaron adecuadamente las acusaciones de abusos sexuales, trasladaron a sacerdotes en lugar de disciplinarlos y no pagaron compensaciones adecuadas a las víctimas.
La comisión dijo que las partes que ratificaron el tratado contra la tortura, incluyendo el Vaticano, «son responsables internacionalmente de las acciones y omisiones de sus funcionarios y otros que actúen en una capacidad oficial o actúen en nombre del estado».
En su respuesta del viernes, el Vaticano acusó a la comisión de usar un raciocinio improvisado. Insistió que el comité se equivocó «al dar la impresión que todos los sacerdotes asignados por el mundo son indirecta y legalmente ligados al Vaticano».
En su declaración, el Vaticano dijo que no era ni siquiera indirectamente responsable de hacer cumplir las obligaciones del tratado contra la tortura entre los 440.000 sacerdotes de todo el mundo, y las propias leyes vaticanas no implican ese nivel de control legal.
A principios de mes la Santa Sede reportó al panel de la ONU la suspensión de funciones a 848 sacerdotes e impuso penas menores a otros 2.572 desde el 2004. Las estadísticas reflejan solo las quejas atendidas directamente por la Santa Sede, no las manejadas por las diócesis, por lo que el número total de sacerdotes sancionados a escala mundial podría ser mucho mayor.
