«No se han hecho detenciones en protestas pacíficas, lo digo con conocimiento de causa, la Defensoría del Pueblo ha monitoreado las protestas pacíficas que se han desenvuelto sin ningún problema, inclusive cuando han tenido el permiso han sido resguardadas por organismos de seguridad», señaló la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez.
Explicó que cuando las protestas cesan «se instaura un foco cerca de la protesta, o en otro lugar, y se pretende asociar una protesta pacífica que está protegida por nuestra Constitución con el desmantelamiento de la violencia, que es donde realmente ocurren las detenciones».
Recordó que el derecho a la protesta no es absoluto, y que no pueden considerarse como tal los hechos violentos que han provocado más de 40 muertes desde el pasado 12 de febrero. «La obstrucción de una vía es un delito, al igual que la incineración de un autobús, de un hospital o una escuela», acotó.
Enfatizó que «la protesta no es violencia, es crítica, disidencia». Respecto al fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ratifica que estas actividades deben adecuarse al marco legal, es un mecanismo de contención sobre esos hechos violentos. «Un juez puede ponderar si una protesta o expresión de descontento pone en riesgo la vida».
Informó que han recibido a madres de los detenidos, han mediado, elaborado informes médicos y presentado casos al Consejo de Derechos Humanos que fue constituido recientemente.
