La aprobación de un proyecto para sancionar a funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos por parte de una comisión del Senado estadounidense generó posiciones encontradas en el país sudamericano y dudas sobre si podrá lograr mejorar la crisis que atraviesa.
El presidente Nicolás Maduro consideró la víspera «realmente detestable» la acción de los legisladores estadounidenses y pidió a la coalición opositora que se una al gobierno en el rechazo de posibles sanciones a funcionarios venezolanos.
Opositores y activistas consultados por The Associated Press coincidieron en que la acción del Senado estadounidense lejos de mejorar la situación de los derechos humanos en Venezuela dará argumentos al gobierno venezolano para politizar el tema y no atender las fallas.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense aprobó la víspera un proyecto de ley que busca sancionar a funcionarios venezolanos acusados de violar los derechos humanos durante las protestas de los últimos tres meses, que han dejado 42 muertos.
El proyecto pide al presidente Barack Obama suspender visas y congelar bienes en territorio estadounidense de funcionarios venezolanos.
La iniciativa no identifica a funcionarios específicos, tarea que correspondería al Departamento de Estado.
El senador republicano Marco Rubio señaló que al menos 25 funcionarios venezolanos reúnen las condiciones para ser sancionados y dijo que planea sugerir nombres al gobierno federal.
