La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos debate en la tarde del martes un proyecto de sanciones contra funcionarios venezolanos presuntamente implicados en violaciones de derechos humanos durante las protestas antigubernamentales, que ya dejó 42 muertos.
El proyecto, apoyado por el presidente de la Comisión, el demócrata Robert Menéndez, y el republicano Marco Rubio, lidera la agenda de la sesión.
La Comisión «debatirá (y pasará) sanciones contra violadores de derechos humanos en Venezuela», escribió Rubio en Twitter la semana pasada.
En el borrador del documento se pide al presidente Barack Obama que bloquee la entrada a Estados Unidos y congele los bienes a funcionarios venezolanos acusados de actos violentos y arrestos irregulares contra manifestantes opositores en Venezuela.
Además habilita 15 millones de dólares para ayudar a organizaciones antigubernamentales, medios independientes y ONG en Venezuela.
«El repetido uso de la violencia perpetrada por la Guardia Nacional y la fuerza de seguridad, así como personas representando al gobierno, en la relación con las protestas antigubernamentales (…) es intolerable», señala el borrador.
Se espera que el documento se apruebe, con posibles enmiendas, tras un breve debate en la Comisión, y de ahí pasaría a la consideración del total de cien senadores en la plenaria.
La discusión en la comisión senatorial ocurre poco más de una semana después que la comisión paralela en la Cámara de Representantes aprobara un proyecto similar.
Las sanciones son sin embargo rechazadas por el Departamento de Estado, que ha dado esperanzas al diálogo iniciado en abril entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la variopinta coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática.
Pero esa iniciativa, patrocinadas por cancilleres de Unasur y el nuncio de Caracas, está suspendida desde hace una semana, luego de que la oposición criticara la detención de más de 200 estudiantes durante recientes protestas y la ausencia de avances en los acuerdos alcanzados en reuniones previas con el oficialismo.
Las protestas iniciadas en febrero en contra de la escasez de productos básicos, la inflación anualizada de 60% y la alta criminalidad, dejan 43 muertos -algunos policías- unos 800 heridos y 250 detenidos.
