La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó este martes un proyecto de sanciones contra funcionarios venezolanos presuntamente implicados en violaciones de derechos humanos durante las protestas antigubernamentales, que ya dejaron 42 muertos.
El borrador de ley ordena al presidente Barack Obama bloquear la entrada a Estados Unidos a funcionarios venezolanos que sean acusados de actos violentos y arrestos irregulares contra manifestantes opositores así como congelar sus bienes en ese país.
Además habilita 15 millones de dólares para ayudar a organizaciones antigubernamentales, medios independientes y ONG en Venezuela.
Este proyecto pasará a la plenaria del Senado a la consideración del total de cien senadores en el transcurso de las próximas semanas.
«Las violaciones de derechos humanos deben ser sancionadas», dijo Marco Rubio, senador republicano de Florida y uno de los principales proponentes del proyecto, junto con el presidente de la comisión.
Tras un breve debate en la Comisión, el documento se aprobó con la objeción de los senadores Bob Corker y Tom Udall.
La discusión en la comisión senatorial ocurrió poco más de una semana después de que la comisión paralela en la Cámara de Representantes aprobara un proyecto similar. Los dos cuerpos del Legislativo deberán conciliar las dos versiones antes de que llegue a manos de Obama.
Las sanciones son sin embargo rechazadas de momento por el Departamento de Estado, que ha dado esperanzas al diálogo iniciado en abril entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática.
Pero esa iniciativa, patrocinada por cancilleres de Unasur y el nuncio apostólico de Caracas, está suspendida desde hace una semana, luego de que la oposición criticara la detención de más de 200 estudiantes durante recientes protestas y la ausencia de avances en los acuerdos alcanzados en reuniones previas con el oficialismo.
Las protestas iniciadas en febrero en contra de la escasez de productos básicos, la inflación anualizada de 60% y la alta criminalidad, dejan 42 muertos -algunos policías-, unos 800 heridos y 250 detenidos.
