Se mantienen en huelga 57 detenidos, recluidos en el Centro de Coordinación Policial del Norte y La Floresta, ubicados al norte de la ciudad, específicamente en el sector de Carorita, hasta que no reciban la visita de un fiscal del Ministerio Público, por las supuestas agresiones recibidas por parte de los funcionarios policiales destacados allí.
Según versiones de los familiares ubicados en las afueras de dichos centros, y de los mismos detenidos, existen funcionarios policiales que hacen sus guardias, quienes son los responsables de agredir física y verbalmente a los reclusos y a sus allegados cuando estos cumplen con la visita.
Al parecer, estos funcionarios policiales han cobrado dinero a los familiares para permitir el acceso de alimentos, así como de la visita de alguien más que no pertenezca a la intimidad de la familia. En algunos casos, según comentó una de las madres de los reclusos, tuvo que cancelar la cantidad de 3.000 bolívares para evitar que su hijo fuese trasladado hasta la Comandancia General, «porque dicen que ahí me lo van a apuñalar», justificó.
De esta forma, los azules implicados cobran diferentes tarifas para permitir el acceso de agua, alimentos, dinero, y algunos son señalados de robarle sus pertenencias una vez ingresan.
En contacto telefónico con los detenidos, comentaron que están seguros que cuando algunos policías están de guardia, recibirán castigos y maltratos.
«Nos cortan el agua, la luz, nos electrocutan, nos golpean salvajemente y ahora nos restringen las visitas», explicaron los afectados, quienes también dijeron que muchas de las esposas o hermanas que tienen corta edad reciben invitaciones indecorosas por parte de los funcionarios.
Según los afectados, son tanto las agresiones que reciben en los calabozos de los centros policiales que, un detenido de 64 años de edad, presenta una fractura en la pierna izquierda, que no ha sido atendida ni remitida a un centro hospitalario para su revisión.
Los familiares tienen los nombres de los funcionarios, y señalaron a quienes apellidan como Santana, Quintero, Pérez y Coronado, de ser los responsables de las agresiones. Además, señalaron a María Torres, responsable de los dos centros policiales por no hacer nada ante las reiteradas denuncias.
De no recibir la visita del fiscal del MP, los reclusos amenazan con prolongar la huelga de hambre y, de ser necesario, transformarla en una huelga de sangre.
Para finalizar, los familiares apostados a las afueras del CCP explicaron que la solicitud más importante que tienen es permitir visitas los días domingos, cuando se supone que todos los integrantes de la familia pueden acudir a las instalaciones.
