Para el ciudadano común, adquirir una vivienda digna parece ser una utopía, más cuando existe una crisis económica que golpea duramente su poder adquisitivo y no se ofertan oportunas soluciones habitacionales que puedan garantizar su correcta calidad de vida. Problemas como la escasez de materiales, inflación, inseguridad jurídica y exiguas alianzas con la empresa privada se presentan como un escabroso trayecto que debe enfrentar el Estado para acortar las distancias entre oferta y demanda en el sector inmobiliario.
Según el arquitecto y urbanista Ángel García, quien cuenta con 36 años de experiencia en planes de desarrollo urbanístico en el país, en los últimos 15 años el déficit de vivienda a nivel nacional se ha incrementado de 2.3 a 3.2 millones. A partir de estas cifras, se puede desprender el siguiente análisis:
En tres años de la Gran Misión Vivienda Venezuela (2011 – 2014), según información aportada por el organismo, el Gobierno Nacional ha construido 558 mil unidades habitacionales, lo cual promedia un balance anual de 186 mil. Sin embargo, teniendo en cuenta el ritmo emprendido por el Estado, el déficit de 3.2 millones de hogares ameritaría 18 años de trabajo continuo para erradicar la demanda existente en la Nación.
A su vez, las citadas cuentas distan considerablemente de la promesa anunciada por el presidente Nicolás Maduro, quien aseguró que su gestión se encargaría de construir 3 millones de domicilios antes de la culminación de su periodo presidencial, en el año 2019.
Por tanto, para llegar a cumplir esa meta, el ejecutivo requeriría gestionar un promedio anual de 500 mil viviendas en un lapso no menor de seis años.
García señaló que una de las principales fallas en la crisis del sector vivienda se debe a la escasez de materiales para la construcción, cuya causa proviene a raíz de las expropiaciones generadas en los últimos años contra las instalaciones cementeras y siderúrgicas, que hoy en día, bajo la responsabilidad del Estado, generan una producción inferior a la acostumbrada durante la administración privada.
“Desde hace tres años, la producción de cemento y acero en Venezuela ha disminuido radicalmente. Hace cuatro años y medio se manejaban en Lara 24 proyectos habitacionales, en tres años se recortaron a 18, luego a 12 y actualmente se realizan cuatro obras de vivienda. Estamos prácticamente paralizados, no estamos consiguiendo los insumos y eso conlleva a que se detenga la mano de obra, por tal sentido también se está creando un problema social gravísimo”, argumentó.
Todo este conjunto de situaciones -prosigue- coloca a constructoras privadas dentro de una situación insostenible, ya que el mercado venezolano no genera sustentabilidad propia. También porque dada la exclusión del Gobierno y la anestesiada seguridad jurídica, se ha creado un ambiente de desconfianza en el empresario que teme por el futuro de su propiedad.
“La empresa privada no puede invertir. Una cosa es decir que un saco de cemento vale 22 bolívares cuando en la calle cuesta 400 bolívares; al igual que una cabilla, que tiene un precio regulado de 24 bolívares y la consigues por 260 bolívares. Y además con todos estos inconvenientes deben construir una vivienda en precio regulado que está por el orden de los 600 mil bolívares. Por eso se paralizan las obras, y el sector laboral de la construcción entra en crisis y por tanto la gente no tiene acceso a la vivienda”.
En cuanto a las soluciones, el sector vivienda debe funcionar en una tríada compuesta entre Estado, empresa privada y banca pública. Asimismo, explicó que el eje metropolitano integrado por Iribarren y Palavecino debe adecuarse a modelo de crecimiento vertical, mediante edificios de apartamentos que permitan una mejor relación económica y social.
“Barquisimeto tiene la misma extensión de París, pero la ciudad francesa se sustenta y nosotros no. Estos problemas suceden porque en Venezuela seguimos empeñados en hacer viviendas unifamiliares, y resulta que este modelo es mucho más costoso y arropa mayor cantidad de terreno. Desde tiempos inmemorables, el Banco Obrero demostró que la mejor relación económica, social y de costo eran los edificios de cuatro, cinco y ocho pisos”, puntualizó.
Torres de El Sisal
El pasado 14 de mayo, la rehabilitación de las Torres de El Sisal cumplió un año de labores paralizadas tras protestas de trabajadores que denunciaban irregularidades administrativas en la obra. Cerca de 200 familias de los sectores populares de la parroquia Juan de Villegas, están a la espera de la culminación de la primera fase del proyecto que quedó estancado en un 54% de ejecución. Según la opinión de García, esta edificación no puede ser dirigida a un concepto de vivienda de interés social, puesto que una estructura de 24 pisos depende de sistemas técnicos muy avanzados y su mantenimiento es sumamente oneroso para personas de bajos recursos. La solución que plantea, es la reducción de ocho pisos en cada torre, a fin de que sean menores los gastos, se puedan distribuir de mejor manera los servicios y los edificios tengan una estabilidad suficiente para soportar las cualidades sísmicas de la ciudad.
