El nivel de población de adultos mayores en Venezuela es elevado. Según las últimas proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) hay aproximadamente de tres millones y medio de habitantes con más 55 y 60 años.
La Constitución establece (artículos 80 y 86) que el Estado es responsable de la atención integral de ancianos y los beneficios de seguridad social a favor de la calidad de vida.
Aunque especialistas advierten que las garantías se cumplen “a medias”, son pocos los planes de atención oficial.
El comportamiento poblacional en Venezuela es una pirámide, donde la base son los jóvenes y la cúspide los adultos mayores. Pero el vértice se estanca y envejece, sostiene el doctor René Rivas, especialista en medicina interna y salud pública.
Es natural. Sin embargo, el Estado no está preparado para atender a ese grupo etario.
“Aquí en Venezuela la seguridad social es un mito. En países desarrollados, la prioridad es la atención de infantes y adultos mayores. En ambos extremos de la vida las personas son más frágiles. No es el caso de Venezuela. Los sistemas de Gobierno nunca han llevado a cabo programas de atención dirigidos a adultos mayores”, asevera el médico.
En 2030, la población de adultos mayores en el país ascenderá 120%, de acuerdo con un trabajo de grado de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela, elaborado por Humberto Pestana.
Por lo tanto, incrementan los riesgos de los habitantes con mujeres con más de 55 años y hombres de 60.
Según el ingeniero Arnoldo Benítez, presidente de la Organización Venezolana de Adultos Mayores, hay un millón y medio de ancianos sin pensión del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS). Otros 700 mil carecen de ingresos por jubilación.
“Desafortunadamente las estadísticas son negativas. Nadie puede ser excluido del IVSS. La Constitución es muy clara, cuando una persona cumple la edad reglamentaria debe ser incorporado en el sistema, sin necesidad de cotizar”.
La seguridad social, agrega, es una garantía consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos. No obstante, el cumplimiento de estos preceptos es una tarea pendiente .
“El adulto mayor en el país se queda solo, sin ingresos mensuales, llámese jubilación o pensión.
Tenemos alto porcentaje de ancianos hipertensos y diábeticos, con problemas cardiovasculares”, añade Rivas.
Al mes requieren como mínimo 1.200 bolívares para el tratamiento médico. “La pensión no alcanza porque hay gastos adicionales, como la comida”, reitera.
La calidad nutricional de los mayores también está comprometida. El alto costo de la canasta alimentaria impide que tengan una dieta balanceada.
Se necesitan tres salarios mínimos para cubrir todos los gastos, pero los adultos mayores solo perciben ese monto, insuficiente por la inflación, dice.
“Todo eso implica la disminución del promedio de vida, mueren antes de los 75 años, desprovistos de programas de atención del Gobierno”.
Otro factor de riesgo es la falta de medicinas, un problema que deriva de las trabas en la importación.
Están agotados los tratamientos para insulino dependientes, hipertensos o pacientes de cardiología.
La infraestructura hospitalaria que se ajuste al grupo etario también es tarea pendiente del Estado.
“Los centros geriátricos tampoco están adaptados en su totalidad para la atención del adulto mayor.
Solo tenemos médicos geriatras especialistas en adultos mayores, pero no enfermeras ni personal asistencial especializado”.
A su juicio, urge revisar este aspecto. El incremento del grupo etario obliga a prepararse ante las contingencias.
Tanto Rivas como Benítez indicaron que el IVSS debe abarcar a todos los ancianos sin discriminación y queda de parte del Gobierno implementar nuevos planes de atención. De lo contrario, el problema no tendrá solución.
