El 4 de septiembre de 2013, aproximadamente a la 1:30 pm., un sujeto entró al restaurante Mi Gran Bendición, ubicado en el barrio Ruiz Pineda, al oeste de Barquisimeto. Observó que dos funcionarios de la Policía del estado Lara estaban almorzando. Segundos después le disparó en varias oportunidades al oficial agregado Edie Antonio Pineda Moreno, de 37 años, quien cayó muerto y el homicida le robó su armamento de reglamento, una Glock 9 milímetros.
La víctima estaba con su compañero, Yohander Jesús Terán Castillo, de 21 años, quien, al ver que el pistolero huía del sitio, salió a detenerlo pero en la acción el victimario le impactó un tiro certero en la cabeza, presuntamente con la misma arma que recién había robado. Después, el asesino fue hasta el cadáver del efectivo y también le quitó el arma de fuego.
Un caso similar se cometió el 24 de julio de 2012 cuando los funcionarios de la policía estadal, José Miguel Leal Sequera y Jhonny Guerrero, fueron liquidados a tiros por dos delincuentes, quienes les robaron el arma de reglamento mientras almorzaban en el restaurante Hua Run, al oeste de Barquisimeto.
Los uniformados poseen un arma y una moto, dos elementos llamativos para los delincuentes, según la criminóloga, Carmen García de Mármol León. El crimen es una vía “fácil” para conseguir, en particular, el arma para cometer sus fechorías más adelante. Además, la dos ruedas es el vehículo “ideal” al momento de hacer sus “trabajos”.
Para Juan Carmona, jefe de Región del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Lara, la principal razón por la cual asesinan a los funcionarios es para robarles el arma. “Siempre les decimos que deben tenerla resguardada, que traten de ocultarla porque cuando los ven son objeto de robo». A esto se suma que el delincuente ejerce toda su carga violenta contra los uniformados y no se mide para acabar con su vida.
Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, opina que “se ha perdido el respeto a los funcionarios”.
Durante el año 2012 asesinaron a 20 efectivos policiales de distintos cuerpos; en 2013 la lista ascendió a 21 y en lo que va de 2014 son 10 las víctimas.
De acuerdo con la ONU, debería haber un policía por cada 357 habitantes, sin embargo, en Lara según el censo 2011, hay 1.774.867 personas, sin contar las que se han incorporado por nacimiento, carta de nacionalización o en calidad de tránsito hasta la fecha. Actualmente Polilara cuenta con 5.325 efectivos, de los cuales están activos 3.362.
García de Mármol León, asegura que hay un déficit de 300% de uniformados, “muchos están de reposo, otros en proceso de jubilación y los asignados a ser escoltas”.
Carmona, por su parte, admite que los únicos organismos de seguridad a los cuales les permiten llevarse el arma de reglamento hasta sus casas es a la policía científica y al Sebin. De los militares, sólo a los oficiales. “No es justo que por quitarles el arma les quiten la vida”.
Inutilizaron 280 armas en 2014
El decreto 9.194 establece que al incautar un arma de fuego se le debe realizar las experticias correspondientes y el Ministerio Público dentro de los 20 días continuos desde la retención del arma debe indicar su destino.
”Este periodo permite saber si se trata de un arma orgánica o no. Si está ilegal, entonces se procede a almacenarla en la sala de evidencias del organismo que realizó el procedimiento, donde se aplica el manual único de cadena de custodia de evidencia física, el cual nació por propuesta del MP desde octubre 2012”, afirmó William Guerrero, fiscal superior en la entidad.
“Después que el MP determina si es ilegal se procede a la inutilización que consiste en cortar, doblar o prensar el cañón, es decir, que se imposibilite el pase de un proyectil. Luego cada organismo entrega el arma al DAE (Dirección de Armamento y Explosivo) que en los estados está representado por el ZODI (Zona Operativa de Defensa Integral). Luego el DAE canaliza todas las armas que le llegan del país y procede a su destrucción final, en la siderúrgica de Barquisimeto porque es la única que tiene esa capacidad.”
En lo que va del año, 280 armas de fuego han pasado por el proceso de inutilización, mientras que en noviembre de 2013, 17.283 provenientes de todo el país fueron destruidas.
Según Guerrero, las armas de fuego sólo las puede portar quien esté autorizado por el DAE, “incluso ahora hay una restricción de comercialización de armas y municiones”.
En contraparte, Rocío San Miguel asegura que el plan desarme no se está cumpliendo. “Los venezolanos desconocen si se está haciendo el marcaje prometido de municiones; no se sabe el destino de las armas y municiones que son robadas”.
La especialista considera que la población no tiene conocimiento de los pasos para adquirir un arma de fuego. “Pareciera que se tienen todas las facilidades para que proliferen las armas y municiones ilegales”.
