La abogada defensora del alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, informó el día de ayer que no existen pruebas suficientes y claras para sustentar las imputaciones por los delitos de rebelión civil y agavillamiento, así lo aseveró Ana Leonor Acosta, quien estuvo acompañada de los abogados Juan Carlos Gutiérrez y Lester Toledo.
«En esta acusación no hay absolutamente nada. Esto es vulgarmente puro chisme, aquí no hay otra cosa que chismes de personas que la mayoría son o han sido funcionarios públicos, y además militantes del partido de gobierno. El Ministerio Público acusa a Daniel Ceballos por llamar a acciones violentas sin sustento, sólo los testigos», explicó Acosta.
Puntualizó que el «testigo estrella en este caso es el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, por lo que denunciamos que esto es un juicio político, por tratarse de un delito político, es parte de una persecución contra nuestro defendido. Si uno lee la acusación, se ve la inocencia en estas declaraciones, incluso muchos testigos no declararon en contra de Daniel».
Explicó que el Ministerio Público presentó 20 elementos, de los cuales la mayoría son políticos. «Sin mayor sustento, sólo con unas declaraciones. Tan es así que uno de los principales testigos es del Frente Bolivariano de Abogados Socialistas que son los que introducen en este caso la denuncia, que no tiene ningún soporte, pero que son tomadas por la Fiscalía. Increíblemente llaman como testigos a los mismos del Tribunal Supremo de Justicia que rindieron declaración en la causa ya juzgada y sentenciada”.
El delito de Ceballos «es acompañar a su pueblo, lo que se hace en cualquier democracia: disentir, opinar y ejercer sus derechos. Esto es un libreto”, agregó. La abogada indicó que entre este miércoles o jueves estarían fijando la audiencia preliminar que sería para el 12 o 13 de junio. La defensa estaría presentando el escrito el 8 de junio.
Recordó que Daniel Ceballos tiene 56 días recluido en la cárcel militar de Ramo Verde desde su detención el pasado 19 de marzo en la ciudad de Caracas. Cumple una condena de prisión de 12 meses, dictada el 25 de marzo por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por el delito de desacato; sin embargo, antes del dictamen nunca fue notificado del amparo decretado por el TSJ para el despeje de barricadas en su localidad, además de faltar como alcalde de competencias en el control de orden público y manifestaciones.
