La medida de casa por cárcel dictada a cinco jóvenes detenidos la semana pasada en las inmediaciones del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, representa un ejemplo más de la criminalización de la protesta que se vive en el país.
Los miembros de la ONG Funpaz, en alianza con el Foro Penal, rechazan la decisión tomada el sábado 10 de mayo por el juez de control número 4, Amalio Ávila (‘el mismo que actuó en el caso de Puente Llaguno’). “El propio fiscal del Ministerio Público había solicitado se impusiera una medida cautelar con régimen de presentación, cada 30 días”, señala Manuel Virgüez, abogado de la organización defensora de los derechos humanos, pero “el juez fue más allá de lo sugerido”.
Con estos cinco muchachos suman diez los detenidos bajo esta figura, acotó.
Los detenidos fueron privados de libertad en la avenida Vargas, el día miércoles 7 de mayo, cuando los estudiantes del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, manifestaron en rechazo a la quema de la sede El Ujano de la Universidad Fermín Toro (UFT).
Según Virgüez, la decisión atenta contra el derecho al estudio de los jóvenes Douglas Medina, Eddy Peña, Juan Azuaje, Emmanuel Fuentes y Alexis Torres.
A la fecha, en la región no existen detenidos a la espera de una audiencia de presentación. Sin embargo, “es inminente el alza de la criminalización de la protesta pacífica mediante distintas vías, lo que nos hace presumir que el Gobierno no tiene disposición de dialogar”.
Los abogados de los imputados adelantan las gestiones necesarias para solicitar una rectificación.
Desde el 24 de febrero cuatro estudiantes también se encuentran detenidos en sus hogares: Jhonfre Pavón, Mauro Gallo, José Gómez y Leonardo Gutiérrez, implicados en el llamado caso Cantv de la avenida Lara; mientras que más de 50 personas están en libertad bajo régimen de presentación, recordó Andrés Colmenárez, miembro de Funpaz.
