Los tribunales de Control 48 y 2°de Caracas acordaron medida de privación de libertad y el pase a juicio de 11 jóvenes que fueron detenidos el 8 de mayo en dos de los cuatro campamentos desmantelados por las fuerzas policiales y militares.
La directora del Foro Penal Venezolano, Lilia Camejo, explicó la situación en la cual quedaron los jóvenes, quienes tuvieron la audiencia este sábado – hasta altas horas de la noche – en el Palacio de Justicia. La mayoría quedó en libertad con medidas cautelares.
«Se realizaron simultáneamente las dos audiencias en los tribunales de Control que tuvieron a cargo esta distribución. En el Tribunal 48 de Control se realizó la audiencia de los muchachos privados de libertad luego de capturarlos en el campamento frente a la ONU. En el tribunal segundo de Control fue la audiencia del campamento de la Plaza Alfredo Sadel», notificó.
Informó que en la audiencia del campamento de la ONU fueron presentado 120 jóvenes y privados de libertad ocho, trasladados al Sebin. Quince quedaron con medidas de presentación cada 15 días y un régimen de rehabilitación por drogas. 94 salieron con medidas cautelares sustitutivas también, de presentación cada 30 días, y los otros tres tuvieron también medida cautelar sustitutiva de presentación cada 30 días, más el requerimiento de tres fiadores, uno por cada joven, que debe ganar mínimo 101 unidades tributarias».
En la audiencia de la Plaza Alfredo Sadel, que se realizó en el campamento de segundo de Control, «quedaron privados de libertad tres jóvenes, a uno solo le pidieron fiador y medida de presentación cada 15 días y los otros 47 jóvenes salieron con medidas cautelares sustitutiva de presentación cada 30 días, esa fue la situación resultados las dos audiencias».
A los estudiantes que quedaron privados de libertad se les imputaron los siguientes cargos: «Instigación pública, agavillamiento, detención de sustancias incendiarias, posesión de armas de fuego, instigación a la desobediencia de las leyes, obstrucción de vías públicas e instigación a menores a delinquir».
Con respecto a los privados de libertad, iniciarán las apelaciones porque consideran que no había elementos de convicción para haberlos dejado presos.
