Una vieja aspiración de los habitantes del oeste de la ciudad es la creación de un nuevo municipio autónomo, independiente de la administración de Iribarren, conformado por el territorio de la parroquia Juan de Villegas y con la inclusión de Aguedo Felipe Alvarado o Buena Vista.
Juan de Villegas es la jurisdicción más populosa del estado Lara y de Venezuela, con una población estimada de 344.196 personas ocupando un área 425 kilómetros cuadrados. De paisaje y clima semiárido, comprende la entrada a la ciudad de Barquisimeto desde el occidente del país, limitando al oeste con el municipio Jiménez, al norte con las parroquias Aguedo Felipe Alvarado y Unión, al este con la parroquia Catedral y al sur con Buena Vista y Juares.
Cuenta en su territorio con dos de las tres zonas industriales de la ciudad, además de grandes centros comerciales, hipermercados, centros de salud público y privados, y el Aeropuerto Internacional Jacinto Lara, principal terminal aéreo de la región Centroccidental.
En pronunciado contraste con sus atractivos y fortalezas, la jurisdicción también presenta profundas debilidades, principalmente en el ámbito social. Asimismo, la mayor parte de su territorio lo constituyen barriadas donde los servicios de vialidad, transporte, acueductos y electrificación son insuficientes y en muchos casos informales.
El auge de la criminalidad es para muchos de sus habitantes el principal problema que los aqueja, al presentar esta parroquia los índices delictivos más altos del estado Lara y uno de los mayores del país.
Diversos dirigentes políticos y sociales de la ciudad, y representantes de las fuerzas vivas, coinciden en la necesidad de otorgar personalidad jurídica y calidad de municipio autónomo a la parroquia Juan de Villegas, a fin de permitirle administrar sus propios recursos y dar respuesta a sus comunidades con mayor eficacia.
El alcalde de Iribarren, Alfredo Ramos, se refirió en una ocasión a la municipalización de Juan de Villegas, alegando que “permitiría desarrollar muchos planes para esta jurisdicción, que lamentablemente se ha convertido en cenicienta a la hora de distribuir los recursos”.
Ramos es el segundo burgomaestre barquisimetano que se pronuncia a favor de la descentralización de la parroquia. Anteriormente lo había hecho Nelson Piña, alcalde de Iribarren entre 1992 y 1996.
Al respecto, el actual director general del ayuntamiento iribarrense, José Ignacio Guédez, aclaró que “la competencia de crear nuevos municipios dentro del estado corresponde exclusivamente al Consejo Legislativo”.
Apuntó que “no se trata de una propuesta nueva, por cuanto La Causa R como partido la asumió desde hace al menos una década.
Tampoco es nuestra en su totalidad, por cuanto sabemos que es compartida con muchas otras organizaciones políticas, tanto de oposición como oficialistas, además de múltiples movimientos sociales originarios de las propias comunidades del oeste”.
“Por su extensión, ubicación geográfica y características, Juan de Villegas mantiene una relación entre centro y periferia, entre zonas consolidadas y marginadas. Incluso, dentro de su territorio existen varios sectores rurales. Este cuadro heterogéneo ha dificultado que desde Iribarren se puedan desarrollar políticas efectivas para su desarrollo armónico”, detalló.
“Celebramos que la municipalización sea tema de debate en la actualidad, pues se trata de un viejo anhelo de las comunidades del oeste.
El alcalde se pronunció dando su opinión honesta y sincera, por cuanto consideramos que la descentralización propicia una verdadera democracia participativa, en el marco de lo establecido en la Constitución”, indicó.
Desde las filas del Partido Social Cristiano Copei, el diputado al CLEL Leonardo Torres esbozó una propuesta aún más ambiciosa: crear tres nuevos municipios con los territorios de seis de las actuales parroquias iribarrenses.
El primero estaría conformado por Juan de Villegas y Buena Vista, el segundo por Unión y Aguedo Felipe Alvarado, y el tercero por El Cují y Tamaca. De esta manera, cada nueva jurisdicción incorporaría en su espacio geográfico sectores urbanos y rurales.
“Cada uno de estos territorios cumple con las condiciones legales, sociales y demográficas para constituirse en municipios autónomos. Tienen poblaciones definidas, actividades económicas propias que pueden generar la recaudación necesaria para su sustento, y lo más importante, pueden generar los servicios públicos”, aseguró el parlamentario.
Torres señaló que estados con menos territorio y población que Lara cuentan con más municipios. Citó el ejemplo de Yaracuy, entidad que con 802.367 habitantes se encuentra dividida en 14 municipios.
El diputado se mostró optimista en cuanto a la discusión de la propuesta en la plenaria del parlamento, que a su juicio “contribuirá con descentralizar la gestión a favor de los ciudadanos”.
Gobiernos parroquiales buscan acercar el poder a la gente
José Ignacio Guédez indicó que “lo que sí compete a la Alcaldía, y es una propuesta que tenemos en desarrollo, es la parroquialización del municipio”.
En tal sentido, destacó que la propuesta del alcalde Alfredo Ramos comprende la creación de centros de servicios municipales en cada una de las parroquias, donde además se propicien espacios para la recreación, la práctica deportiva y una agenda cultural.
Apuntó que el primero de estos centros de Gobierno Parroquial se levanta en la parroquia El Cují, al norte de la ciudad.
Asimismo, reveló que el ayuntamiento evalúa la posibilidad de crear nuevas parroquias, mediante estudios técnico-políticos. “Hay zonas aisladas, como El Cercado, Pavia y El Manzano, que presumimos son parroquializables, por sus características especiales”, dijo.
Sustento legal
La creación de nuevos municipios se sustenta en las disposiciones de diversos instrumentos legales vigentes.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 169 que “La organización de los Municipios y demás entidades locales se regirá por esta Constitución, por las normas que para desarrollar los principios constitucionales establezcan , y por las disposiciones legales que en conformidad con aquellas dicten los estados”.
En tanto, el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal dicta las condiciones para la creación de la nueva jurisdicción, atribuyendo tal competencia al Consejo Legislativo. Mientras que el 14 explica que las iniciativas pueden provenir de “un número de electores con residencia en los municipios a los cuales pertenezca el territorio afectado, no menor al quince por ciento de los inscritos en el Registro Electoral Permanente”, el propio parlamento con acuerdo de las dos terceras partes, al respectivo gobernador o al alcalde correspondiente.
