El Ministerio Público logró privativa de libertad para 11 de las personas aprehendidas el 08 de mayo, cuando las autoridades desmantelaron las carpas instaladas en los municipios Chacao y Baruta del estado Miranda.
Con relación al caso de la dependencia internacional, durante la audiencia de presentación, la fiscal 87º del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Facberm Useche, imputó a ocho personas por la presunta comisión de diversos delitos, conforme con los elementos de convicción recabados, solicitando les fuesen dictadas medidas privativas de libertad.
Entre esos delitos se encuentran: porte ilícito de arma de fuego, agavillamiento, incitación a la desobediencia de las leyes, uso de adolescente para delinquir, obstrucción a la vía pública en grado de tentativa, daños violentos a la propiedad, tráfico en menor cuantía de drogas y detentación de sustancias incendiarias.
Igualmente, la representación del Ministerio Público solicitó la aplicación de fianzas para dos hombres y una mujer, por estar presuntamente involucrados en los delitos de detentación de sustancias incendiarias, agavillamiento e incitación a la desobediencia de las leyes.
Asimismo, se solicitaron 109 medidas cautelares de presentación por considerar el Ministerio Público que existían razones jurídicas para la aplicación de esta figura jurídica. De esta manera, el Tribunal 48º de Control del AMC, en virtud de las solicitudes realizadas por el Ministerio Público, acordó las medidas requeridas, remitiendo a los ocho privados de libertad a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide.
Por otro lado, en el caso de las personas que fueron aprehendidas el citado día en la Plaza Alfredo Sadel en la urbanización Las Mercedes, municipio Baruta, los fiscales 5º y 62º del AMC, Andrimar Ramírez e Ismar Maurera, respectivamente, fueron los encargados de realizar la presentación ante el Tribunal 2º de esta misma circunscripción judicial.
Ante la solicitud del Ministerio Público, fueron privadas de libertad tres personas por estar presuntamente incursas en los delitos de agavillamiento, instigación pública, uso de adolescente para delinquir y posesión ilícita de drogas, ordenándose su reclusión en la sede del Sebin.
Adicionalmente, los fiscales pidieron a la instancia judicial que fuesen acordadas medidas de presentación periódicas una vez al mes para 47 personas.
A 15 de los imputados se le solicitó al tribunal de control, fuesen sometidos a un tratamiento médico especializado que permita su plena recuperación en cuanto al consumo de drogas.
Vale destacar que a los fines de garantizar los derechos de todas las personas involucradas en el proceso penal, les fueron respetados sus derechos, inclusive se les llevó hidratación, almuerzo, atención de paramédicos y bomberos que preservaran su buen estado físico.
