Ante la situación de la violencia política extrema que vive el país, la cual registra hechos que califican para ser considerados como terroristas y subversivos, la cotidianidad increpa abiertamente y sin rodeos, con la preocupación natural de quien reflexiona y se dice, primero para sus adentros, y luego como interlocutor válido en donde quiera que esté: ¿Qué va a pasar? Y para quien no encuentre respuestas y, por lo tanto, se consume en la desesperación y termina siendo presa fácil de la depresión, al borde de la histeria colectiva, la respuesta puede ser: Pregúntale a la Historia.
Cuando se inaugura el proceso de restauración de la democracia, tanto el presidente electo Rómulo Betancourt como Raúl Leoni, tuvieron que enfrentar a los sectores de la oposición que iniciaron una escalada guerrillera de tal magnitud, que ambos gobiernos se vieron obligados a suspender las garantías, “criminalizar las protestas”, “militarizar la justicia”, enviar al exilio a los dirigentes opositores, allanarles la inmunidad parlamentaria a algunos diputados de los partidos de izquierda y reprimir mediante los denominados organismos de seguridad toda manifestación de protesta subversiva y terrorista. Los teatros de operaciones, bombardeos, masacres, y desapariciones, eran acciones combinadas que ejecutaban la Digepol, el Sifa y los Cazadores, bajo la consigna del respeto a las leyes y el mantenimiento del orden constitucional.
Que se recuerde, las medidas para “salir del gobierno” y presionar su renuncia, incluyeron el magnicidio: el atentado ocurrido en Los Próceres, el 24 de junio, de 1960, no dejó ninguna duda al respecto. La represión gubernamental encontró en el asesinato del profesor Alberto Lovera, al igual que el terrorismo de los sectores subversivos, en el del canciller Julio Iribarren Borges, expresiones emblemáticas de la violencia política de esa época.
Tras el desgaste de esa acción política y el repudio por parte de la población, con la política de pacificación del presidente Rafael Caldera, en su primer mandato, la izquierda reconoció su derrota y optó por la vía de la institucionalidad. La misma que, luego del fracaso de la política económica de Carlos Andrés Pérez, en su segundo mandato), con toda la represión que se desató y el elevado número de muertos que dejó El Caracazo, (27 y 28 de febrero de 1989) hizo posible la defenestración de un presidente legítimamente electo.
Las lecciones que dejan esas experiencias y otras posteriores en la vida política del país, son la base para definir un criterio de condena en todas las instancias a la violencia política y reafirmar el uso de la vía institucional para dirimir los conflictos. Esa es la verdadera salida, según la Historia.
Planteamientos – Pregúntenle a la Historia
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