La comisión de relaciones exteriores de la cámara baja aprobó el viernes un proyecto de ley que busca sancionar a funcionarios del gobierno de Venezuela que sean responsables de violar derechos humanos durante las protestas que desde febrero han dejado 42 muertes en el país sudamericano.
El proyecto de ley le pide al presidente Barack Obama negar visas y congelar activos en Estados Unidos de funcionarios venezolanos responsables de violar derechos humanos y que hayan censurado a personas o medios de comunicación que informan sobre las protestas que iniciaron el 12 de febrero pasado.
La iniciativa irá ahora al pleno de la cámara baja para que voten sus 435 miembros, un día después de que durante una audiencia celebrada por la comisión equivalente del Senado, el gobierno estadounidense dijera que no es partidario de aplicar sanciones porque así se lo ha pedido un sector de la oposición venezolana.
El gobierno estadounidense ha preferido que tanto el gobierno venezolano y los opositores se sienten a dialogar sobre los problemas que aquejan a Venezuela y el conflicto político que atraviesa el país.
Un vocero de la coalición opositora, que negocia hace un mes con el gobierno de Nicolás Maduro, negó el jueves que alguno de sus miembros haya pedido a Estados Unidos exonerar a violadores de derechos humanos.
La iniciativa de ley aún tiene mucho camino por recorrer. Si es aprobada por el pleno de la Cámara, el proyecto tendrá que ser debatido en la comisión respectiva y en la plenaria del Senado. Para que sea ley, el proyecto deberá ser sancionado por el presidente Obama.
La autora del proyecto de ley de la cámara baja, la republicana Ileana Ros-Lehtinen, argumentó antes de la votación que las sanciones son oportunas para detener las presuntas violaciones a los derechos humanos.
«Algunos dice que deberíamos esperar. ¿Cuándo es un buen momento? Nunca habrá un buen momento», dijo la representante por Florida. «La violencia solo está del lado del gobierno, no de los estudiantes».
Las únicas intervenciones opuestas a la aprobación del proyecto provinieron de los demócratas Gregory Meeks, de Nueva York, y Karen Bass, de California.
Meeks criticó al proyecto de ley porque «no promueve los intereses estadounidenses ni ayuda al pueblo de Venezuela».
«No sabemos aún si la mediación de Unasur propiciará un diálogo efectivo», dijo el representante neoyorquino que viajó a Venezuela para representar a Estados Unidos durante las exequias del presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013.
La audiencia del viernes contó con una nutrida audiencia de personas que mostraban banderas venezolanas, e incluyó a la actriz y cantante cubano-venezolana María Conchita Alonso.
La aprobación de la iniciativa coincide con una caravana de venezolanos que viajan de Florida a la capital del país y que planean manifestarse frente a la Casa Blanca y a la Organización de Estados Americanos.
Los manifestantes pedirán que se sancione a los funcionarios del gobierno venezolano que violen los derechos humanos.
Human Rights Watch denunció el lunes que jueces y fiscales reiteradamente han hecho caso omiso a indicios evidentes de abuso, e incluso tortura, padecidos por manifestantes detenidos pese a que las fuerzas del orden venezolanas recurrieron de manera sistemática al uso ilegítimo de la fuerza durante las protestas.
Los violentos incidentes registrados en Caracas y otras ciudades han dejado 42 muertos, 787 heridos y unos 2.500 detenidos, de los cuales 197 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General.
Maduro considera que las acciones de protesta forman parte de un plan promovido por grupos de «extrema derecha» para dar un «golpe de estado», y amenazó con cerrar los consulados y la embajada en Washington ante cualquier sanción estadounidense.
