Andrick Cordero, diputado suplente del Consejo Legislativo del estado Lara por el Partido Socialista Unido de Venezuela, denunció que, tanto el director ejecutivo del Instituto Municipal de Cultura y Arte, Zacarías Zafra, y Juan Carlos Pariacano, ex director de la Policía Municipal de Iribarren y actual presidente de la Corporación de Turismo de Barquisimeto, presentan expedientes abiertos ante la justicia venezolana.
En el caso de Zafra, el expediente se relaciona con una supuesta estafa.“Inclusive tiene una sentencia que le congela sus cuentas”, y sobre Pariacano, Cordero comentó que el expediente se debe a un supuesto porte ilícito de arma, “motivo por el cual se le removió de su cargo como director de la Policía Municipal”.
En este sentido, Cordero cuestionó el hecho de que dos personas con supuestos expedientes abiertos en la justicia venezolana ejerzan cargos de la administración pública. Desde el CLEL, exhortan a Alfredo Ramos, como alcalde de Iribarren, a tomar medidas, “no puede ser que ocupen cargos públicos hasta tanto no se defina su situación ante la ley”.
Desestiman denuncias
En el caso del director ejecutivo de Cortubar, Zafra explicó que era accionista de una empresa familiar con 27 años de una “honrada experiencia”, que fue a la quiebra tras una decisión del Gobierno nacional de ilegalizar las casas de bolsas. “Se trata de una investigación civil que se convirtió en penal por no poder pagar a algunos acreedores, pero que se ha venido resolviendo en estos dos años… no hay sentencia”.
Zafra explicó que esta acusación forma parte de una persecución en contra de Ramos y de él mismo, “no es la primera vez que pasa”. Sobre el presidente de la Corporación de Turismo de Barquisimeto, Juan Carlos Pariacano, explicó que la denuncia hecha por Cordero data del año 2002, cuando ocupaba el cargo de Jefe de Seguridad de la extinta Coordinadora Democrática, “unos militares me venían siguiendo y me sembraron unas armas”.
Además, Pariacano comentó que, en 2007, hubo un sobreseimiento del caso por petición del Ministerio Público, es decir, la fiscalía no conseguió pruebas suficientes.
