Este jueves 8 de mayo se realizará la audiencia preliminar de Leopoldo López. Los exmagistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León y Román Duque Corredor, desmerecieron los elementos en los que se basa la Fiscalía para imputarle a López los delitos de instigación pública para delinquir, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio de la Fiscalía en grado de determinador y asociación para delinquir.
Recalcaron que no existen razones o pruebas que puedan atribuirle responsabilidad directa de los hechos sucedidos el 12F al líder de Voluntad Popular, motivos por los que reiteraron que López es «un preso de conciencia de Nicolás Maduro», por lo que exigieron su liberación inmediata.
Mármol aseguró que la administración de justicia venezolana es motivo de gran preocupación por la deslegitimación del ejercicio del poder público a raíz de la obediencia a una parcialidad política. Argumentó que la «prisión injusta de Leopoldo López representa la criminalización de la disidencia en su máxima expresión».
Aseveró que un juez es el primer encargado de la vigencia de la Constitución y de la Ley, y tiene que responder por las decisiones que tome. «Yo imagino que la juez Adriana López debe tener claro el caso que tiene entre las manos, debe saber que no hay peligro de fuga en este caso y que estos delitos que se le están imputando a López criminalizan la disidencia».
«Exigimos una decisión apegada a derecho y a la justicia. La juez Adriana López tiene que responder en este caso y en todos los otros casos que le corresponda, asimismo tienen que responder el resto de los jueces que toman decisiones sin autonomía, sin base legal ni racional en los procedimientos disciplinarios”, añadió.
Por su parte, la MUD manifestó que una «decisión justa que libere a Leopoldo López sería positiva para Venezuela, tanto en su convivencia interna como en su imagen internacional. Nadie puede ser detenido y juzgado por sus opiniones, es un principio elemental de la democracia. Con las opiniones se puede estar o no estar de acuerdo, pero ellas no constituyen delito».
Enfatizaron que el proceso a López es demasiado partidista para ser justo. El 95% de las 120 pruebas promovidas por la Fiscalía, al mismo tiempo víctima y acusadora, provienen de fuentes estatales. El 95% de los 76 testigos promovidos son funcionarios del Estado.
Para finalizar la Mesa de la Unidad Democrática llama a la «cordura y la responsabilidad de la Administración de Justicia, cuyo fallo del jueves puede fortalecer o deteriorar aún más el Estado de Derecho».
