Jueces y fiscales reiteradamente hicieron caso omiso a indicios evidentes de abuso padecidos por detenidos pese a que las fuerzas del orden recurrieron de manera sistemática al uso ilegítimo de la fuerza durante las manifestaciones callejeras que desde febrero han dejado al menos 41 muertes en Venezuela, denunció el lunes Human Rights Watch.
La organización no gubernamental con sede en Nueva York precisó que ese uso ilegal de la fuerza consistió en abusos físicos y psicológicos graves a decenas de manifestantes.
Human Rights Watch dijo que al menos diez de los casos documentados sufrieron abusos de tal magnitud que pueden ser considerados como tortura. Agregó que a numerosos detenidos con lesiones graves como heridas de perdigones o fracturas por golpizas se les negó atención médica, mientras que en otros casos ocurrieron abusos sicológicos severos, tales como amenazas de muerte y violación sexual.
“La magnitud de las violaciones de derechos humanos que documentamos en Venezuela y la participación de miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales en estos delitos, demuestra que no se trata de incidentes aislados ni de excesos de algunos agentes insubordinados», dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Por el contrario, forman parte de un patrón alarmante de abusos que representa la crisis más grave que hemos presenciado en Venezuela en años».
Uno de los casos documentados fue la detención de José Alfredo Martin, de 41 años, y Carlos Spinetti, de 39, practicada el 12 de marzo por civiles armados.
El informe señaló que los hombres armados golpearon a los detenidos, los acusaron de ser “traidores a la patria», amenazaron con matarlos y fotografiaron a Spinetti con un arma en la mano que ellos mismos le obligaron a tomar.
Pero Martin dijo a Human Rights Watch que no planeaba formular denuncia penal alguna debido a que las autoridades colaboraban directamente con sus agresores.
“Yo fui golpeado, amenazado, y detenido en frente de la Guardia Nacional, que se supone es un órgano del Estado, y ellos simplemente dieron media vuelta y se fueron», dijo Martin a los autores del informe. Presentar una denuncia «hasta puede ser contraproducente. Puede causar una venganza».
La organización difundió un informe de 103 páginas elaborado en marzo durante visitas a Caracas y a otras tres provincias del país, donde en total documentaron 45 casos que afectan a más de 150 víctimas a través de entrevistas a víctimas y sus familiares, y la recolección de otras evidencias tales como fotos, videos, informes médicos y resoluciones judiciales.
El gobierno venezolano ha dicho que 15 funcionarios policiales y militares son investigados por incurrir en presuntas violaciones a los derechos humanos en la neutralización de las protestas, pero Vivanco expresó sus reservas ante la posibilidad de que tales investigaciones terminen inculpando a los funcionarios investigados.
“Debido a la falta de independencia judicial que existe hoy en Venezuela, y a que fiscales y jueces han estado directamente implicados en muchos de los abusos que documentamos, es difícil esperar que los responsables de estos delitos sean llevados ante la justicia», dijo Vivanco.
“Para que estos esfuerzos sean creíbles, el gobierno venezolano debería facilitar la verificación de organismos de supervisión de derechos humanos de Naciones Unidas y adoptar medidas inmediatas para asegurar la independencia del poder judicial».
Human Rights Watch difundió su reporte la misma semana en que una comisión del Senado y una subcomisión de la cámara baja estadounidenses celebrarán sendas audiencias sobre la nación sudamericana, dos meses después de que en ambas cámaras fueran presentados proyectos de ley que piden al presidente Barack Obama imponer sanciones a funcionarios del gobierno venezolano responsables por la violación de derechos humanos.
El gobierno estadounidense ha llamado al diálogo para resolver el conflicto político y los problemas de Venezuela, pero advirtió en marzo que si bien no busca imponer sanciones a Venezuela, tales medidas podrían convertirse en una herramienta importante de su política exterior si Caracas no otorga espacio democrático a la oposición.
“Ningún país quiere implementar sanciones, pero no podemos decir que no vamos a implementarlas porque quizá llega un momento en que las sanciones, de alguna manera u otra, son una herramienta muy importante», dijo en conferencia de prensa la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental Roberta Jacobson.
El gobierno de Nicolás Maduro y la coalición opositora actualmente elaboran propuestas para conformar una Comisión de la Verdad, como parte de un diálogo iniciado hace un mes con la mediación de los cancilleres de Brasil, Ecuador y Colombia y el nuncio apostólico en Venezuela.
Venezuela se ha visto sacudida desde febrero por protestas de universitarios y opositores, que se han manifestado en contra de una tasa de inflación desbordada _que alcanzó en marzo una tasa anualizada de 59%_, la escasez de productos básicos y un alto índice de delincuencia.
Los violentos incidentes registrados en Caracas y otras ciudades han dejado 41 muertos, 785 heridos y unos 2.200 detenidos, de los cuales 197 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General.
Maduro considera que las acciones de protesta forman parte de un plan promovido por grupos de “extrema derecha» para dar un “golpe de estado».
El ministro venezolano de Relaciones Interiores, mayor general Miguel Rodríguez Torres, denunció la semana pasada la existencia de un supuesto plan para promover las protestas callejeras y acusó a algunos dirigentes opositores de proveer información a entes estadounidenses con la meta de “hacer ver al mundo que en Venezuela se violan permanente y constantemente los derechos humanos».
