Una justa reflexión tiene que haber suscitado en el seno de la comunidad nacional, el comunicado emitido por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, donde hace juiciosos y controvertibles planteamientos jurídicos, con el propósito de establecer que Venezuela ha dejado de ser estado constitucional. Tan grave conclusión, se deriva de un análisis de suficientes elementos de juicios jurídicos y políticos de muy recientes decisiones de la Sala Constitucional del TSJ y tan relevante circunstancia, confirma la evidencia cierta “de la influencia indebida del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial, junto con el Poder Legislativo actúa en deliberado y consciente acuerdo con el Poder Ejecutivo, como miembro y partícipe de la misma ideología institucional rechazada en el referéndum de diciembre de 2007” (Comunicado de la ACPS) lo que se desprende del Comunicado de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, autorizado con la firma de su Director titular: Doctor Luis Cova Arria.
Las decisiones a las cuales alude la Academia de Ciencias Políticas y Sociales son con mayor interés, las que tratan los casos sumamente conocidos de los Alcaldes Ceballos (San Cristóbal) y Scarano (San Diego) a quienes allanaron sus investiduras políticas obtenidas por el sistema soberano y democrático del sufragio. Son de esta misma categoría, el desconocimiento de la investidura legitima a la Diputada María Corina Machado y el Amparo irregular al Alcalde de Iribarren Alfredo Ramos por un Tribunal Regional de Instancia.
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales, acorde a sus funciones específicas, con probidad y conocimiento de causa, ha empezado, con buen pie y amparada en la defensa de principio jurídicos inviolables, a enderezar entuertos en esta litigiosa materia y a revelar la verdad procesal y la verdad jurídica, en este advenedizo contubernio entre el gobierno y la cúpula judicial. Por eso, para hablar de la situación veraz y jurídica y desbrozarla de la fantasía ambientista y liberarla de ocasionales componendas, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, refrenda esta cimera conclusión]: “Las decisiones de la Sala Constitucional no solo son previsibles en su sentido favorable al proyecto político que proclama el Presidente de la Republica, sino que para lograr dicho objetivo usurpan atribuciones penales que no les corresponden (casos Scarano y Ceballos) o inventan procedimientos insólitos para desechar un recurso por inadmisible y al mismo tiempo dar respuesta extra proceso, expedita y de fondo al Presidente de la Asamblea Nacional (caso Machado).
Es el más esclarecedor juicio crítico, sobre arreglos festinados que deshonran la justicia y son un blandón sobre el derecho, que no prohíja pactos mancillados, a la sombra majestuosa de los Poderes Públicos.
Sobretodo que esas viles componendas pretenden enajenar la soberanía imprescriptible, inviolable e inexpugnable, de conformidad con lo establecido en el artículo 5to. De la Carta Magna, que enfatiza como dogma supremo: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente por esta Constitución y en la Ley, con absoluta diafanidad, expresa la norma que ni la Sala Constitucional ni la Junta Directiva de la AN pueden allanar la inmunidad parlamentaria de ningún Diputado, sino bajo la burda usurpación de atribuciones.
Por eso, al analizar la realidad política actual y la relevancia de estas graves decisiones favorables al ejecutivo, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, sienta como conclusión definitiva: que Venezuela ha dejado de ser un Estado constitucional. Lo que impone realizar una alianza cívica nacional, para la inmediata restauración moral de la Republica.
Las sentencias inconstitucionales
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