Comerciantes emplazan al Gobierno a oficializar los precios “de palabra” para evitar sanciones inmerecidas, así como el rechazo de los consumidores y los Consejos Comunales que se niegan a pagarlos, por considerarlos “ilegales” al no ser publicados en la Gaceta Oficial.
Para el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), definitivamente, lo más injusto del cumplimiento de la Ley de Precios Justos es que toda la “ofensiva” implícita en dicho procedimiento, pareciera estar dirigida exclusivamente a dejarle entrever a los consumidores que lo que debe pagar al cancelar un producto o un servicio, sólo es atribuible a lo que decide unilateral y caprichosamente el comerciante, cuando se sabe que eso no es así.
Hoy se obliga al comerciante a vender algunos productos, con base en precios informales, en vista de que su valor original de venta fue modificado por el Poder Ejecutivo previo acuerdo “de palabra” con los productores, sin hacerlos públicos en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual genera el riesgo de sanciones para el vendedor.
