En un año la Asociación Civil Fuerza Solidaridad y Paz (Funpaz) ha acompañado o conocido distintos casos “flagrantes de violación de los derechos humanos”, muchos de los cuales no han sido denunciados ante instancias como la Defensoría del Pueblo o el Ministerio Público, por desconfianza.
La labor de la fundación es defender el derecho a la protesta pacífica como un derecho contemplado en el artículo 68 de la Constitución Nacional Bolivariana y ese ejercicio le ha permitido a sus miembros identificar la existencia de un patrón sistemático de violación a los derechos humanos.
Andrés Colmenárez y el abogado Manuel Virgüez, miembros de Funpaz, explicaron al diario EL IMPULSO que los derechos de las víctimas están siendo vulnerados desde el mismo momento en que ocurre la detención. “En la mayoría de los casos se les impide que se comuniquen con sus familiares y tengan la asistencia de un abogado, lo cual representa un incumplimiento del artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP)”.
“Muchos de los detenidos han sido privados de cualquier tipo de comunicación y adicionalmente son torturados, golpeados y amenazados.
Después que eso ocurre, se acerca un funcionario del Ministerio Público para tomar sus declaraciones y, como patrón común, recibe una declaración firmada del detenido en la que expresa que no le fueron violentados sus derechos humanos… y esto se da porque horas antes son amedrentados de manera directa”, detalla Colmenárez.
Una vez que los detenidos son presentados a los tribunales,salen con alguna medida cautelar que les impide desarrollar su vida de manera normal.
“Entre los casos que sirven de ejemplo a estas violaciones, manejamos el de los cuatro imputados por el caso Cantv, en la avenida Lara, unos estudiantes que ahora tienen un régimen de casa por cárcel. También, las tres personas que estuvieron detenidas en el Fuerte Terepaima por el caso Cantv de la avenida Morán, con régimen de presentación cada 30 días”.
Añaden la historia del joven que supuestamente había sido arrollado por una tanqueta en sector El Cardenalito, pero a quien “realmente le dispararon desde una tanqueta en movimiento, fue detenido y tras 48 horas se conoció su paradero, le fueron violados sus derechos, fue presentado y sentenciado a un régimen de presentación cada 8 días porque, según el documento, no es estudiante de una universidad, pero resulta que Geremías Giménez acaba de salir del bachillerato y se encuentra a la espera de un cupo en una universidad”.
A ese patrón de actuación Funpaz agrega que existe una especie de política de masificación de los casos, con la intención de generalizar las acciones y hacer que un caso opaque al otro.
“Las múltiples y reiteradas agresiones hace que los casos vayan quedando en el olvido. Hoy, por ejemplo, el caso de Juan Carlos Briceño de 24 años, estudiante de dos carreras universitarias, quien tiene un disparo en la columna y está en su hogar recuperándose, ha quedado en el olvido de la colectividad”.
Esta es la realidad que justifica la acción de Funpaz, cuyos voluntarios se dedican a acompañar a las llamadas víctimas en sus terapias psicológicas y asistencia legal, incluso en ayudas económicas.
“Hemos visto con preocupación que la mayoría de los imputados y detenidos son personas de escasos recursos, habitantes de sectores populares como la Ruezga, Veragacha, Santa Isabel, entre otros”.
Colmenárez resaltó que el principal objetivo en esta gestión gubernamental ha sido esconder los nombres de las víctimas para generalizar sus casos. “Es una tendencia generalizada que consiste en colocarle adjetivos y descalificarlos con el fin de minimizar la protesta y sus verdaderos motivos. Cuando se criminaliza a una persona o a un grupo se logra un efecto mediático de rechazo de parte de la sociedad. El Gobierno lo que logra con estas etiquetas es que la denuncia de los afectados no trascienda porque la mayoría no se siente identificada”.
Pese a que en el país no se vislumbra una salida a la crisis, los miembros de Funpaz aseguran que seguirán su labor, impulsados por la esperanza que expresan muchas personas por conseguir justicia y respeto al estado de derecho.
Sentimos, concluye Virgüez, que la esperanza es lo que mueve a los ciudadanos a utilizar el recurso de la protesta pacífica como instrumento de cambio para la nación. Sin duda, al igual que otros mecanismos de lucha como el voto, la protesta pacífica es un factor determinante en los cambios sociales, por ende debe preservarse como un derecho.
