En 57 cuadrantes de seguridad, repartidos entre los diferentes cuerpos de seguridad del Estado, estarán divididos los diferentes municipios de la región (33 en Iribarren) como parte del “reforzado” Plan Patria Segura. Así lo informaron miembros de los cuerpos participantes quienes estuvieron reunidos durante el día de ayer en el Salón Los Horcones de la 14 Brigada de Infantería Mecanizada del Ejército Nacional, ubicado en la capital del estado Lara.
En compañía del comandante del Comando Regional número 4, general Octavio Chacón, el secretario general de Gobierno, Teodoro Campos, el coronel Orángel Contreras, de la Dirección de Seguridad y Orden Público del estado Lara, así como Marisol Vargas, directora de la Policía Municipal de Iribarren, y Steven Castillo, del cuerpo de Bomberos de Iribarren, se dieron cita en dicha reunión para enterarse de las nuevas disposiciones de este plan de seguridad que operará desde el sábado próximo.
En este sentido, Chacón comentó que dentro de las novedades de este plan, se encuentra una mejor difusión de sus características entre los diferentes consejos comunales, de la ciudadanía en general, de los empresarios y a través de los medios de comunicación. Además, los números de teléfonos a los cuales se podrán hacer las denuncias en sus respectivos cuadrantes estarán rotulados en las patrullas que circulen dicha jurisdicción, así como se enlazará el Servicio de Emergencias 911 para poder hacer la denuncia de manera más expedita. Chacón explicó que parroquias como Juan de Villegas y Unión, contarán con un aumento del 100% con respecto a la presencia policial. Chacón comento que con la implantación de este plan, los índices de violencia se han disminuido en 16%, “no es lo que estamos esperando, porque esperamos llevar los índices a cero”.
En total, serían más de 6 mil funcionarios dispuestos para el plan, según lo comentado por el comandante del CORE 4.
Sobre las protestas
El general hizo referencia a los allanamientos hechos a complejos residenciales, y comentó que se hacen en el marco de la ley con la presunción de que exista participación de los ciudadanos en ocultar material para las ‘guarimbas’. Con respecto a los daños ocurridos en Valle Hondo, en Cabudare, Chacón comentó que “es falso” que sus subordinados hayan participado en la destrucción de los quioscos, “que muestren los videos como sí los tenemos nosotros”.
Identificados
Por otra parte, el anfitrión de dicha reunión explicó que, conjuntamente con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, se ha identificado al autor material del asesinato de José Luis Azuaje Gil, funcionario castrense asesinado el pasado 8 de abril, además de dos sujetos más que ayudaron en la fuga del victimario. Como se recordará, Azuaje Gil fue asesinado cuando, aparentemente, intervino en un choque y se dio a la fuga. Estaba destacado en la ciudad de Carora, y pertenecía al Destacamento 47 de la GNB.
Mayor supervisión
En dicha reunión, participaron factores que representan al gobierno regional y local. Así, Teodoro Campos, Secretario General de Gobierno del estado Lara, explicó que, en esta oportunidad, habrá una mayor supervisión del recurso humano y técnico que estará a cargo de la Policía del estado Lara, además de la implementación del Plan Rueda Seguro, que contempla auxilio vial en arterias importantes del estado.
Campos, comentó que existe una redistribución de los cuadrantes, y que el cuerpo policial tendrá participación en cada uno de ellos.
El secretario general indicó que serán revisados los casos de todos los detenidos en los diferentes calabozos de los Cuerpos de Coordinación Policial así como los de la Comandancia General, (un total de 850) en una reunión que mantendrá pró-ximamente con la viceministro de Asuntos Penitenciarios. Expresó que la misma ministra, Iris Varela, comentó que, una vez culminado el Centro Penitenciario David Viloria, antigua Uribana, podrían ser trasladados varios detenidos.
Por su parte, Marisol Vargas, directora de la Policía Municipal de Iribarren, explicó que el cuerpo que dirige dispondrá de 60 funcionarios para actuar en el plan. Indicó que la respuestas de los funcionarios, posterior a una llamada de emergencia, debe estar dentro de los 5 minutos, “existe una política de incentivos para aquellos funcionarios que hagan una respuesta más rápida”.
