La estrategia económica anunciada por el presidente venezolano Nicolás Maduro fue recibida con escepticismo por analistas, que la describen como simple paliativo a una economía en crisis, en contraste con la esperanza de empresarios que quieren creer en el futuro de sus negocios.
Tras una maratónica jornada de conversaciones con telón de fondo de inflación, desabastecimiento, desaceleración económica y sequía de divisas, el presidente socialista prometió pagar 30% de los miles de millones de dólares adeudados a importadores, agilizar trámites burocráticos y ofreció fondos estatales para la producción.
Maduro lanzó estas acciones en el marco de lo que describe como una «ofensiva económica», que tuvo su primera etapa en noviembre tras denunciar una «guerra» contra su gobierno desde el frente de la economía, que sería orquestada por un sector del empresariado ligado a opositores radicales y a grupos conservadores en Estados Unidos y Colombia.
Visiones encontradas
«Excelente», resumió Jorge Roig, presidente de la empresarial Fedecámaras, entidad a la cual el heredero político de Hugo Chávez acusa cíclicamente de «conspirar».
Fedecámaras ha participado desde el inicio en el diálogo de pacificación lanzado por el gobierno para enfrentar las protestas populares iniciadas en febrero por la inseguridad, desabastecimiento e inflación y que han dejado 41 muertos.
Debido al control cambiario que rige desde 2003, los importadores dependen de que la larga cadena burocrática estatal acceda a otorgarles y entregarles los dólares necesarios para pagar sus compras.
Atrasos de más de un año en la entrega de divisas, gestaron un adeudo estimado por los empresarios en 13.000 millones de dólares, y son parte del origen de la escasez de uno de cada cuatro productos básicos en el país con las mayores reservas petroleras del mundo.
Para Henkel García, director de la firma Econométrica, el anuncio de Maduro de que que pagará de «manera inmediata» 30% del adeudo traerá «mejoras puntuales» en el abastecimiento del mercado, «pero sólo en algunos rubros y dentro de cinco o seis meses vamos a ver nuevamente los mismos problemas».
«¿Es esto es un anuncio de que no pagará el 70% restante de la deuda?», cuestiona Maxim Ross, catedrático universitario que ha sido asesor del Banco Central de Venezuela. «Es la misma política de cuentagotas para apagar pequeños incendios que vuelven a encenderse», añade en declaraciones a la AFP.
Para el director de Econométrica, el problema del deterioro económico radica en el empeño de profundizar un «modelo de control socialista que ya está caducado», mientras que para Ross la situación es aún más dramática porque el gobierno no incentiva ni a sus propias empresas.
«Ni siquiera es un problema de cambio de modelo económico, no escuchamos hablar de políticas para crear o incentivar empresas socialistas para promover la producción nacional», dice Ross al subrayar la «falta de capacidad creativa» del gobierno de Maduro.
Tras incentivos, sanciones
Fomentar al débil aparato productivo nacional y acabar con el rentismo petrolero, eje de la política económica venezolana desde hace décadas, fue otra de las acciones anunciadas por Maduro, que puso a disposición de empresarios fondos gubernamentales a modo de incentivo.
«Pudimos observar un tono para dirigirse al país con un ánimo de que el aparato productivo nacional progrese, que haya una mayor producción», comentó Roig sobre el lenguaje de Maduro, quien desde que asumió la presidencia, hace un año, ha dedicado buena parte de sus discursos públicos a increpar a empresarios.
Henkel García nuevamente se muestra escéptico respecto de este diálogo sector privado-gobierno, que no descarta sea breve. «Este acercamiento con empresarios no es nuevo, ya hubo otras aproximaciones y en noviembre vino el ‘dakazo'», comenta al referirse a la ola de rebajas compulsivas ordenada por el gobierno que empezó por la cadena Daka y que desde entonces mantiene semivacíos (de mercancías, empleados y consumidores) a los centros comerciales.
Como parte de su estrategia, Maduro anunció que seguirán con las inspecciones a comercios para garantizar que se respete la denominada ley de precio justo que limita las ganancias a 30% y que ha causado confusión y malestar entre comerciantes.
«El gobierno no entiende que la política económica no se puede desarrollar con centenares de reuniones con empresas para que las empresas le vuelvan a explicar lo que ya se sabe: que no hay divisas, que el crédito no termina de funcionar, que no hay incentivos a la producción, que no hay confianza porque un día dialogas y al siguiente te sancionan», resume Maxim Ross.
