El gobierno y la coalición opositora prevén reunirse en las próximas horas para tratar de avanzar en la conformación de la comisión que investigará los sucesos de los últimos dos meses, y la evaluación de la situación de los llamados «presos políticos».
El proceso de acercamiento entre el gobierno y la oposición tendrá este jueves un nuevo episodio con el encuentro privado que sostendrápn delegados de las dos partes para estructurar unos grupos que trabajarán en la Comisión de la Verdad y en el estudio de los casos de algunos de los opositores detenidos.
Sobre este tercer encuentro no existen mayores expectativas debido a que será una reunión de trabajo, dijo el diputado del partido opositor de la Causa R, Andrés Velásquez.
«Tengo mis reservas bien fundadas y cada día mucho más fundadas», dijo Velásquez a la AP, en entrevista telefónica, al manifestar escepticismo sobre el avance del proceso de diálogo.
El diputado señaló que la conformación de la llamada «Comisión de la verdad», que investigará los eventos de febrero y marzo pasado, «es lo que nos pudiera motivar más a participar», aunque aún falta que las partes se pongan de acuerdo sobre quienes serán los integrantes y cómo funcionará la comisión.
Durante la reunión se espera recibir a algunas de las víctimas y familiares de las personas que perecieron en las violentas protestas y el golpe de estado del 11 de abril del 2002.
Aunque el gobierno rechazó la propuesta de una ley de amnistía para liberar a opositores detenidos, Velásquez dijo que la coalición opositora insistirá sobre ese tema.
Al respecto, el líder opositor y gobernador del estado central de Miranda, Henrique Capriles, dijo la víspera que «un resultado claro y contundente de diálogo es la libertad de todos los presos políticos».
En una reunión anterior, la coalición opositora presentó una lista con un centenar de personas que consideran «presos políticos» que podrían beneficiarse de una posible ley de amnistía.
Entre los incluidos en la lista está Leopoldo López _dirigente de Voluntad Popular, que permanece detenido desde el 18 de febrero en una cárcel militar en las afueras de la capital_ señalado de promover acciones violentas durante una protesta callejera.
Capriles indicó en un mensaje de su cuenta de Twitter, tras visitar a algunos de los opositores detenidos en la cárcel militar de Ramo Verde, que el gobierno «tiene la pelota en su cancha».
El vicepresidente Jorge Arreaza dijo a inicios de semana que el gobierno «está construyendo el diálogo con justicia y sin impunidad», e indicó que el Ejecutivo no caerá en «trampas» con una ley de amnistía.
Arreaza consideró como favorable que la coalición opositora acepte escuchar a las víctimas de los sucesos de 2002. «Es muy fácil pedir la libertad de alguien sin escuchar a las víctimas de ese alguien», agregó.
El gobierno y la coalición opositora, que agrupa cerca de una docena de partidos y organizaciones, sostuvieron el pasado 10 de abril un primer debate televisado de casi seis horas como parte del proceso de acercamiento. El encuentro se dio con la facilitación de los cancilleres de Brasil, Ecuador y Colombia y el nuncio apostólico en Venezuela.
El movimiento estudiantil, que ha sido el principal promotor de las protestas callejeras de los últimos dos meses, ha reiterado a través de algunos de sus líderes que los universitarios continuarán con las manifestaciones a pesar de los diálogos.
Venezuela se ha visto sacudida desde febrero por protestas de universitarios y opositores, esencialmente de clase media, en contra de la desbordada inflación _que alcanzó en febrero una tasa anualizada de 57,3%_, el desabastecimiento y un alto índice de delincuencia.
Los violentos incidentes registrados en Caracas y otras ciudades han dejado 41 muertos, 674 heridos y unos 2.285 detenidos, de los cuales 175 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General.
