Preocupación por los efectos sectoriales que pueda generar la “nueva ofensiva económica”, anunciada recientemente por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, existe entre los comerciantes formales organizados del país.
El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) advierte que si bien el Jefe de Estado precisó que dicha medida estaría dirigida fundamentalmente a promover acciones concretas a favor de la producción en el país en sus diversas facetas, entre los comerciantes, la inquietud surge a partir de las últimas acciones fiscalizadoras sectoriales que se han estado emprendiendo en diferentes partes del país y las cuales han concluido con sanciones de multa o cierres a los establecimientos comerciales, en casi su totalidad.
En efecto, desde las diferentes zonas del país donde se han producido esas acciones, se le ha reportado detalladamente a Consecomercio, en qué han consistido las fiscalizaciones, su desarrollo y conclusión sancionatoria. Y de la misma manera que han dicho que no se oponen a los procedimientos, por cuanto forman parte de la “rutina administrativa” gubernamental en el país, también han expresado que, en ciertos casos, la medida fiscalizadora tiende solamente a producir una sanción y fijarle un costo adicional al funcionamiento de los comercios, muchos de ellos pequeños negocios que tratan de sobrevivir en un ambiente económico recesivo.
Para Consecomercio, y con el fin de no sumarle un nuevo impedimento funcional a dichos pequeños comercios, como a los consumidores que siguen viéndose obligados a movilizarse de un comercio a otro para poder adquirir los bienes que deben llevar a sus hogares, dichas fiscalizaciones deben ser realizadas con respeto a las leyes y que lleven a la relación positiva de trabajadores, gerentes y dueños de negocios con los entes fiscalizadores.
