El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, designó este lunes como alcaldesa interina de Bogotá a María Mercedes Maldonado, una funcionaria de la administración del destituido alcalde Gustavo Petro que se desempeñó como secretaria de Planeación.
«La escogí porque es una persona que está en el gabinete, conoce muy bien las políticas de la ciudad», dijo el presidente.
Santos señaló que ahora se pondrá en contacto con la autoridad electoral para la convocatoria a comicios anticipados en los que se designe al sucesor de Petro en la alcaldía de Bogotá.
Petro, un exguerrillero de izquierda que había sido elegido para el periodo 2012-2016, fue destituido en diciembre pasado por la Procuraduría, un órgano encargado de sancionar disciplinariamente a los funcionarios públicos en Colombia.
La destitución fue confirmada en marzo por Santos. Sin embargo, este lunes el presidente hizo referencia a una última apelación interpuesta por Petro ante el Consejo de Estado y aseguró que si el organismo le concede las medidas cautelares solicitadas, lo restituirá en su cargo.
«Cuando destituí al alcalde Petro lo hice cumpliendo la ley. Reitero una vez más, si algún juez me ordena su restitución, no vacilaré en cumplir con esa orden», sostuvo Santos.
Con respecto a esta posibilidad, la nueva alcaldesa, dijo en una rueda de prensa que «la mejor opción es que vuelva el alcalde Petro».
La alcaldesa interina estará en el cargo por 55 días, hasta que se realicen las elecciones atípicas, probablemente en junio.
«Yo seguiré con el plan de desarrollo de Bogotá Humana (nombre con el que se conoce el proyecto de gobierno de Petro) que es la movilidad, la seguridad y la política social», dijo Maldonado.
Luego que el presidente confirmara la destitución de Petro, la figura más relevante de la izquierda en Colombia, fue nombrado como alcalde interino el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, mientras Santos analizaba la terna para reemplazarlo.
La Procuraduría destituyó a Petro al considerar que su decisión de reformar el sistema de recolección de basuras -transfiriendo a una empresa pública el control de ese servicio que era manejado por privados- vulneró el principio de libre competencia y generó problemas de salud pública.
