El director general de la Alcaldía de Iribarren, José Ignacio Guédez y el síndico municipal, Jesús Pérez advirtieron, en rueda de prensa, que el recurso de amparo contra Alfredo Ramos reposa en la Sala Constitucional del TSJ, la misma que decidió “la suerte” de los alcaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballos.
Alfredo Ramos es acusado por “incumplimiento” en la recolección de basura durante las protestas.
El expediente del mandatario local reposa en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desde el viernes en la noche.
De acuerdo con Guédez se trata de un juicio político al margen del Estado de Derecho.
Explicó que la jueza de primera instancia hizo una declinatoria de competencia, lo cual deriva en la nulidad de la sentencia.
La modificación, dijo, daría a entender que la Alcaldía ganó el caso.
El amparo constitucional es inválido, reiteró Pérez. La demanda fue interpuesta por “deficiencia en la prestación de servicio público”, pero luego se convirtió en una demanda de “intereses colectivos”.
“No hay elementos probatorios que condenen al alcalde”, agregó.
La Alcaldía efectuó la respectiva apelación con más de 300 folios, en los cuales se evidencia cómo han resuelto la recolección de basura.
“Evacuamos a 25 testigos y todos fueron desechados por el juez”, agregó el síndico.
El director general alertó que ese procedimiento forma parte de una persecución política, liderada por César Figueira.
La institución está a la espera del pronunciamiento del TSJ y hace seguimiento al expediente,
“Aquí se ha mejorado el servicio de recolección de basura (…) Hemos implementado operativos especiales”, resaltó.
Denunció que los colectivos y el PSUV actúan impunemente para sabotear la actual gestión.“Riegan la basura a propósito”.
“La coyuntura nacional escapa de nuestras competencias, es un tema de orden público”.
Aclaró que no cuestionan la lucha estudiantil y descartó que cometan actos de represión.
