Los miembros de las comunidades universitarias del país ven con asombro cómo en la actualidad los cuerpos de seguridad y grupos armados entran a los recintos de educación superior a disparar y atacar las instalaciones y personas que se encuentren dentro.
Deborah Valecillos, presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, recuerda con preocupación que cuando se viola la soberanía universitaria se está irrespetando el artículo 109 de la Constitución Nacional que establece: “El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, estudiantas, egresados y egresadas de la comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario. Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley.
“No es usual violentar la automía universitaria, incurrir en esta agresión es violentar la Constitución Nacional y la Ley de Educación Universitaria. Debemos elevar nuestras voces en protesta por este exceso”.
Valecillos considera que el irrespeto actual a los campus universitarios se genera porque desde hace años las autoridades no han logrado contener la violencia externa (todo el país), y por eso desde hace un tiempo ha permeado a las instituciones de educación superior como nunca había ocurrido. “La violencia que impera en el país ha comenzado a penetrar nuestras instituciones, es lamentable”.
“No entendemos por qué arremeten contra la planta física y dañan las instalaciones, atentando incluso contra la integridad de los estudiantes y profesores, causando agresiones físicas y psicológicas. Es lamentable admitirlo, pero en este momento no está garantizada la seguridad en los universidades”.
Rafael Narváez, exparlamentario y defensor de los derechos humanos, comentó que es reprochable que se perfore la autonomía universitaria con el fin concreto de intimidar al ser humano.
“Es lamentable e inaceptable que los estudiantes hagan un gran esfuerzo para salir a la calle a protestar por los problemas del país y allí mismo dentro de la universidad (UCV) los funcionarios de los Guardia Nacional y Policía Nacional, armados con equipos antimotín y tanquetas, no les permitan salir, pero sí permiten que los colectivos entren al recinto para golpearlos y dispararles. Nunca habíamos visto a la guardia sirviendo a los grupos violentos para que ataquen a los estudiantes”.
Narváez explicó que no solo se trata de la autonomía universitaria, sino otros derechos que establece la carta magna. “También se les está impidiendo el derecho a manifestar pacíficamente, a expresar sus descontento, que al final es el descontento de una gran parte del país”.
Fuerza desproporcionada
El defensor de los derechos humanos y exdiputado de la Asamblea Nacional, Rafael Narváez, expresó que la fuerza usada en contra de los estudiantes por parte de los cuerpos de seguridad ha sido desproporcionada.
“Han detenido a más de 2 mil personas y a 1.500 les han dictado medidas cauetelares de libertad, es decir que deben presentarse ante un tribunal cada 15 o 30 días, mientras que la persona que asesinó a la reina de belleza Génesis Carmona en Carabobo, por ejemplo, sigue en la calle”.
Narváez asegura que a los detenidos no se les está respetando el derecho a la defensa. “A los abogados defensores solo los dejan hablar con los detenidos 15 minutos antes de las audiencias, es decir, que no se les está garantizando el derecho a la defensa, hasta los presos de guerra tienen garantizado su derecho a la defensa, pero en Venezuela, eso no está respetado”.
Sostuvo que la constante en todo el país son detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial e incumplimiento del debido proceso.
