Decenas de familias de la modesta comuna Alto Hospicio afectadas por el terremoto que sacudió el martes el norte de Chile sufren fuertes réplicas, viven a la intemperie, carecen de agua y luz y ven cómo los precios de los artículos indispensables se han triplicado.
El vocero del gobierno, Álvaro Elizalde, dijo que instruyó a la policía «para realizar la fiscalización de estas conductas» especulativas y de acaparamiento y el fiscal nacional, Sabás Chahuán, exhortó a la población a denunciar a los especuladores para iniciar las investigaciones y castigarlos.
Una de las localidades donde más se especula es Alto Hospicio -unos 1.780 kilómetros al norte de Santiago-, donde el primer terremoto del martes causó daños parciales o irreparables a unas 2.000 viviendas sociales, indicó su alcalde Ramón Galleguillos.
Alto Hospicio está aislada de Iquique por derrumbes en la carretera que comunica ambas ciudades, cada una con unos 100.000 habitantes, y trasladarse a pie entre ambos sitios toma unas cuatro horas.
La encuestadora Aidé Reyes, de 60 años, vive desde el martes en una tienda en el estacionamiento de su conjunto de edificios de 12 departamentos cada uno, junto a sus hijos y su nieto bebé.
Con el terremoto de magnitud 8,2 del martes por la noche a su departamento se agrietaron los pilares y dos paredes. «Con el terremoto de ayer (miércoles de magnitud 7,6) se cayeron los ladrillos y quedé mirando mi vecina para el otro lado y la otra pared tiene grietas gruesas por fuera», dijo a The Associated Press desde Alto Hospicio.
En su condominio se formaron grupos que comen en ollas comunes, pero tienen dificultades para obtener algunos productos. «No tenemos agua (ni) luz desde el primer terremoto… No hay pan, estamos comprando harina para hacer sopaipillas (especie de tortillas fritas)».
Como no hay electricidad tampoco pueden girar dinero de los cajeros automáticos.
La televisión estatal mostró imágenes de decenas de casas con los muros agrietados, segundos pisos por cuyos techos se veía el cielo y pedazos de murallas a punto de caerse. Probablemente terminen de derrumbarse con las réplicas que seguirán sintiéndose tras el terremoto del martes.
Gilda Campusano, un ama de casa de 43 años cuyo esposo trabaja como contratista de una minera, dijo a AP que en su vivienda -que mostraba grietas desde hace ocho meses por temblores anteriores- «todas las murallas están quebradas, el baño no existe, no tengo luz ni agua, ni ropa, que quedó bajó a los escombros». La mujer vive a la intemperie junto a lo que quedó de su casa por temor a perder lo que queda bajo las ruinas.
La réplica de magnitud 7,6 del miércoles obligó a una evacuación nacional de la franja costera. La medida fue restringiéndose con las horas, hasta que se levantó la madrugada del jueves. Entre las desplazadas estuvo la presidenta Michelle Bachelet, quien fue llevada hasta la oficina regional de emergencia de Arica, 2.100 kilómetros al norte de Santiago.
El subdirector del Centro Sismológico Nacional, Sergio Barrientos, señaló que se están produciendo cerca de 10 réplicas importantes por hora y que no se descartan réplicas similares a la del miércoles por la noche.
En Iquique, 1.800 kilómetros al norte de Santiago, donde los más perjudicados fueron los pescadores artesanales que perdieron sus botes tras el tsunami que siguió al primer terremoto, siguen apareciendo zonas dañadas como Chipana, donde hay barriadas con extendidos daños en sus viviendas y escasea el agua. También hay acaparamiento de gasolina, la que debió restringirse a los particulares en favor de los vehículos de emergencia.
Aún falta llegar a decenas de poblaciones del extremo norte ubicadas hacia la cordillera. Una de ellas es Huara, donde se desplomaron unas 70 casas de adobe, y otra es Camarones, que sigue aislada por los derrumbes en carreteras, por lo que Bachelet se desplazó hacia allí en helicóptero.
Sin embargo, los grandes edificios, carreteras y puentes siguen intactos, pese al fuerte remezón que han experimentado con casi 200 réplicas en un día y medio.
El ministro de Agricultura, Carlos Furche, decretó la zona de emergencia agrícola en algunas regiones como el Valle de Azapa, donde se destruyeron obras de regadío y terrazas agrícolas. La declaración de emergencia permite entregar ayudas directas.
