Miembros de Funpaz acudieron este lunes a la Fiscalía Superior del estado Lara, con el propósito de formalizar denuncias sobre presuntas amenazas e intimidación contra activistas de esta ONG de defensa de los Derechos Humanos, a través de redes sociales, llamadas telefónicas y mensajería de texto.
“Dos miembros de nuestra fundación han sido amenazados de muerte a través de distintos medios. Al activista Andrés Colmenárez lo asediaron en primer lugar con mensajes de texto, luego con llamadas telefónicas y posteriormente con una nota en su vehículo”, indicó el abogado Manuel Virgüez.
“A Marvic García, también integrante de nuestra organización, la amedrentaron a través de mensajes en la red social Facebook, donde le decían que se cuidara, que sabían de su activismo y que no estuviese presente en manifestaciones con la gorra tricolor porque podía ser objeto de represión”, añadió.
El jurista solicitó al Ministerio Público en nombre de Funpaz “dar el impulso penal necesario para que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, específicamente la División contra Delitos Informáticos, aplique un expediente e inicie una investigación con respecto a este caso, a fin de dar con la identidad de los responsables de estas amenazas”.
Asimismo, pidieron una medida de protección para los activistas de la organización, considerando que “ante estas amenazas, se encuentra en riesgo la integridad e incluso la vida de estos compañeros”.
“De no cesar la represión, nos retiramos de la mesa de diálogo”
Virgüez resaltó que “de no cesar los abusos y la represión brutal por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional y demás cuerpos de control del Estado contra manifestaciones pacíficas, Funpaz se retirará de la mesa de diálogo que conformamos junto a la Defensoría del Pueblo y representantes universitarios”.
“Hasta el momento, no existe ni una sola orden de privación de libertad contra algún agente de la GNB, la PNB o cualquier otro cuerpo represivo. De persistir los excesos, consideramos que no tiene ningún sentido seguir en una mesa”.
Anunció además que el próximo viernes acudirán a la comisión del Consejo Legislativo del estado Lara que estudia los hechos de violencia relacionados con protestas, y que integran los 15 diputados del parlamento regional.
Por otra parte, indicó que la audiencia de uno de los detenidos por los hechos del 15 y 16 de abril de 2013, prevista para realizarse esta semana, fue diferida para el próximo 30 de abril.
