Gobernador Falcón aplica en Polilara persecución política, denuncia diputado del PSUV

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El gobernador del estado Lara, Henri Falcón, persigue a policías que no están inscritos en Avanzada Progresista, una de las tantas organizaciones políticas fundadas por él, y funcionario que no esté allí militando es considerado enemigo y espía para el Gobierno regional, prueba es que los héroes de azul que culminaron sus estudios universitarios en la Universidad Bolivariana de Venezuela, sus títulos no son reconocidos por la administración regional, ya que a juicio del mandatario “son tapas amarillas, y todo lo que venga de la revolución no sirve, eso es discriminación y violación de los Derechos Humanos”, afirmó el diputado al Consejo Legislativo del estado Lara, Jhonny Colmenárez.

Por otro lado, obligan a policías a firmar una carta donde juran lealtad absoluta al mandatario regional, quienes no acepten, no podrán ser ascendidos al grado superior inmediato, porque son sus enemigos políticos, “eso es discriminación política y violatoria de los derechos constitucionales y civiles”.

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Otras de las irregularidades que se aplica a los hombres y mujeres del cuerpo de policía del estado Lara es la persecución, por parte de los superiores que apoyan al mandatario regional, esto con la intensión de elaborar expedientes y pedir la destitución de los funcionarios del orden público que no apoyen las políticas de discriminación que hay dentro de ese cuerpo.

El legislador recordó que la primera autoridad civil ordenó a los policías el resguardo de las acciones violentas que se vienen haciendo por parte de grupos opositores, tal como ocurrió recientemente al este de Barquisimeto. “Estos funcionarios no pueden de ninguna manera atender cualquier llamado de auxilio que hagan los ciudadanos que vaya contra las acciones violentas y policía que no acate dicha orden será destituido”, dijo.

El diputado regional ratificó que desde el Gobierno regional aplican tortura verbal a los policías del estado Lara para intimidarlos. “Entendemos por tortura cualquier acto por el cual un representante de la autoridad (o alguien instigado por ella) infringe intencionadamente a otra persona dolor o sufrimiento intenso, ya sea físico o mental, a fin de obtener de él o de una tercera persona informaciones o una confesión; o bien para castigarle por un acto que ha cometido o que se sospecha que haya podido cometer; o bien para intimidarle a él o a otras personas”.

Colmenárez afirma que todos los funcionarios que se fueron afectados por las medidas aplicadas por el Gobierno regional debe ser denunciada, ya que es la única herramienta práctica que se tiene para defender los derechos de los policías del estado Lara. Es recomendable que la denuncia se haga en forma escrita para dejar constancia del contenido, fecha en que fue recibida por el ente y nombre del funcionario que la recibió, de esa forma se facilitará el seguimiento a la misma.

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